The Daily Journal.— El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional publicó este viernes publicar la lista de aspirantes para la renovación del Poder Judicial en el país. 561 ciudadanos se postularon formalmente para ocupar las vacantes de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Otros 63 profesionales del derecho se presentaron para el cargo de Inspector General de Tribunales de Justicia. Mientras que 33 juristas optan por la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Con la difusión de este listado masivo, el parlamento abrió formalmente el período de impugnaciones ciudadanas, el cual transcurrirá desde el 19 de junio hasta el 3 de julio, según señala el comunicado oficial firmado por la directiva del comité: el diputado Giuseppe Alessandrello (Presidente), el diputado Pablo Pérez Álvarez (Vicepresidente) y José Alberto Ruza (Secretario).
«Las impugnaciones se deben hacer por escrito, mediante prueba fehaciente, a cualquiera de las candidatas o candidatos que se computarán desde la publicación de la lista», recordó el Comité de Postulaciones Judiciales.
Una vez que culmine este lapso, el Comité procesará el filtro final y consignará la lista definitiva de elegibles ante la plenaria del Parlamento para proceder con la designación constitucional de las nuevas autoridades del sistema judicial venezolano.
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Las dudas sobre las vacantes reales en el TSJ
La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada por la Asamblea Nacional en mayo, amplió la composición de la máxima instancia judicial del país al elevar de 20 a 32 el número de magistrados. La modificación aumentó de cinco a siete los integrantes de la Sala Constitucional, mientras que las demás salas pasaron de tres a cinco magistrados cada una.
Sin embargo, el proceso de designación de los nuevos integrantes del TSJ ha estado rodeado de interrogantes sobre el número real de vacantes disponibles.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, cuando la Asamblea Nacional inició el procedimiento de selección existían únicamente cuatro cargos vacantes. Estas plazas correspondían a los casos de Calixto Ortega Ríos, jubilado en 2022; Gladys Gutiérrez y Bárbara César Siero, jubiladas en 2024; y Carlos Alexis Castillo, quien fue incorporado al Ejecutivo como ministro del Trabajo mediante un permiso temporal.
La organización cuestiona particularmente este último caso, al considerar que el ejercicio simultáneo de funciones en el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo resulta incompatible con los principios establecidos en la Constitución.
El panorama cambió semanas después con la salida de otros ocho magistrados. Según la ONG, el 27 de abril se conoció —a través de redes sociales y medios de comunicación, y no mediante canales oficiales— que Luis Damiani Bustillos, Henry Timaure, Carmen Alves, Malaquías Gil, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Elsa Gómez, Maikel Moreno y Edgar Gavidia habrían solicitado su jubilación.
De confirmarse estas salidas, el número de vacantes previas a la reforma ascendería a 12. No obstante, las cifras ofrecidas por las autoridades parlamentarias han generado nuevas dudas.
Mientras la directiva del Comité de Postulaciones Judiciales anunció que el proceso estaba orientado a seleccionar a 20 magistrados, no precisó la distribución de los cargos ni explicó con detalle cómo se calculó esa cifra. El presidente del comité, Giuseppe Alessandrello, señaló que se escogerían candidatos para sustituir a ocho magistrados jubilados y para ocupar 12 nuevas plazas creadas tras la reforma legal.
Para Transparencia Venezuela, la explicación deja interrogantes sin responder. La organización advierte que, si a las 12 vacantes existentes se suman los 12 nuevos cargos creados por la reforma que elevó de 20 a 32 el número de magistrados, el resultado sería de 24 plazas disponibles y no de 20.
La discrepancia, sostiene la ONG, pone de relieve la falta de información oficial sobre el proceso y alimenta las dudas acerca de la composición final del máximo tribunal del país.
