Héctor Sánchez. Sociólogo.- El Gobierno Nacional acaba de aprobar una serie de convenios con empresas como General Electric para «reactivar» el sistema eléctrico nacional. Los montos no están claros -como todo en este país donde las cifras se difuminan entre la propaganda y la opacidad- pero se habla de varios miles de millones de dólares. Una cifra astronómica que, en cualquier país con un mínimo de memoria histórica, iría acompañada de un riguroso examen de conciencia: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quiénes destruyeron lo que ahora celebramos recuperar? ¿Por qué los mismos que lo desmantelaron están ahora a cargo de su resurrección?
Pero en Venezuela la memoria es un lujo que las élites -oficialistas y opositoras por igual- ni se molestan en cultivar. Porque el sistema eléctrico nacional, ese que hoy necesita una inyección de capital extranjero para volver a dar señales de vida, existía. Funcionaba. No era perfecto, pero daba luz, refrigeración, producción, vida. Antes de que una oleada de corrupción sistémica, desinversión deliberada y una guerra de sanciones lo convirtieran en un monumento a la ruina.
Ahora, sin embargo, se habla de su recuperación como si fuera un acto de creación de la nada. Como si el sistema eléctrico se hubiera caído por inercia y los gobernantes no llevaran años sentados en las sillas desde donde se firmaron los contratos con empresas fantasma, se desviaron los presupuestos y se importaron transformadores de dudosa procedencia que ardían al primer apagón.
Y como si la oposición, esa que hoy aplaude los convenios con General Electric, no hubiera impulsado las sanciones que impidieron la compra de repuestos y tecnologías durante años, sabiendo perfectamente que quien pagaba el precio no era el gobierno, sino los hospitales sin luz, las madres sin nevera, los niños sin ventilador.
Pero la amnesia selectiva y acomodaticia –ya lo dijimos- es el santo y seña de nuestras élites, las rojas rojitas y las de todos los demás colores. Y no es casualidad: quienes hoy se sientan a negociar con las transnacionales son los mismos que hace apenas unos meses, denunciaban a esas mismas empresas como parte de un «bloqueo criminal». Y quienes hoy celebran desde la oposición que «por fin llega la inversión extranjera» son los mismos que durante años justificaron que el país se oscureciera en nombre de la «presión internacional».
Así las cosas, el problema no es que venga General Electric. Al menos no lo es si no nos ponemos a preguntar por el proceso de selección de dicha empresa o cualquier otra tal, tal y como se viene haciendo alegremente estos días cuando se reparten contratos y concesiones sin ningún procedimiento legal y transparente que lo respalde. El problema es que nadie rinde cuenta por los muertos de los apagones, por los hospitales que perdieron pacientes, por las industrias que cerraron, por el país que se apagó mientras los políticos discutían quién tenía la razón. El problema es que la recuperación se presenta como una página en blanco, como si el pasado no existiera, como si los responsables de la catástrofe no estuvieran firmando o aplaudiendo ahora los contratos para reparar lo que ellos mismos rompieron en nombre de sus ambiciones personales.
Se trata de la lógica del «borrón y cuenta nueva» esa en la que el pueblo debe olvidar para que los saqueadores puedan seguir saqueando, ahora con factura de «recuperación».
Pero la memoria, aunque la quieran enterrar, tiene la costumbre de resurgir. Y un día, alguien tendrá que responder: ¿quién paga esta cuenta? Como diría el poeta Ruben Blades ¿El pueblo venezolano con facturas cien veces mayores al salario mínimo nacional, como alegremente anuncian “expertos”? ¿O lo harán quienes se llevaron los miles de millones que se necesitaron para reparar lo que nunca debió romperse?
Y no menos importante: Y cuando se hagan las adecuaciones según lo prometido ¿para quién será la energía que se genere? ¿Para el pueblo o para los centros de datos que según otros expertos están listos para instalarse en Venezuela?
Pero mientras esto pasa los políticos de ambos bandos se reparten el crédito por la «reactivación» y el pueblo sigue esperando que la luz no se vaya antes de que termine de escribir esta frase.
