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Alejandro J. Sucre.- Venezuela enfrenta uno de los procesos de reestructuración de deuda más complejos de su historia. La magnitud del desafío es real: años sin auditorías internacionales, instrumentos de deuda dispersos en múltiples jurisdicciones, opacidad en la deuda bilateral con China y Rusia, y laudos arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que se ejecutan contra activos venezolanos en el exterior. Nadie puede minimizarla. Pero hay otra realidad, igualmente documentada, que con frecuencia se omite: la parálisis también tiene un precio, y ese precio lo pagan los venezolanos, no los analistas.
Los argumentos sobre el inventario de deuda y la transparencia institucional son acertados y deben señalarse. Venezuela no ha completado una consulta del artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2004. Los casos de Argentina, Perú y Zambia demuestran lo que cuesta negociar mal: exclusión financiera prolongada y fondos oportunistas que multiplican su inversión por cuatro, cinco o diez veces. Sin embargo, reconocer los riesgos no equivale a concluir que el proceso debe suspenderse hasta alcanzar condiciones ideales que, en la historia de las reestructuraciones soberanas, nunca han existido. Ecuador en 2020 y Uruguay en 2003 no llegaron a la mesa con información perfecta: llegaron con la mejor disponible y con asesores que construyeron el inventario durante el proceso.
Venezuela ha contratado asesoría especializada precisamente para realizar ese trabajo. Ignorarlo no es rigor técnico: es una omisión que distorsiona el diagnóstico.
Ciertos análisis describen con detalle los riesgos de negociar, pero guardan silencio sobre los costos de no negociar. Cada año, en defecto, la exclusión financiera profundiza. Los activos venezolanos en el exterior siguen expuestos a procesos de ejecución independientemente de si Venezuela se sienta o no a la mesa. Los laudos arbitrales no se congelan mientras el país delibera. Los fondos con posiciones en deuda venezolana se fortalecen con cada año de incertidumbre, no se debilitan. La parálisis no es una posición neutral: es una decisión con consecuencias concretas que beneficia exactamente a quienes se dice que se quiere evitar. El perfeccionismo también tiene un costo.
En paralelo al debate, hay hechos concretos que merecen ser considerados en el análisis. Decenas de campos petroleros han sido asignados a operadoras internacionales. Pdvsa ha suscrito acuerdos con empresas energéticas de múltiples países. Hay interés documentado de inversores en Estados Unidos y Australia en los sectores minero y energético venezolanos. El Consejo Nacional de Dominancia Energética de la administración Trump ha tenido contactos directos con actores del sector.
Ninguno de estos hechos figura en los análisis que concluyen que Venezuela no está en condiciones de avanzar. Un país con campos en producción creciente y operadoras internacionales comprometidas negocia su deuda desde una posición distinta — y mejor — que un país en colapso total. Omitir eso es presentar una fotografía recortada como si fuera la imagen completa.
Hay un patrón en ciertos análisis que merece ser señalado: el uso de condiciones legítimas como instrumentos de parálisis. Se identifican requisitos válidos — transparencia total, Artículo IV completado, inventario exhaustivo — y se presentan como prerrequisitos absolutos sin los cuales cualquier acción está condenada. El resultado no es mayor rigor: es inmovilismo indefinido. Grecia no los tenía. Argentina tampoco. Irak tardó más de un año en reconstruir su inventario de deuda y negoció durante ese proceso, no después. La pregunta que ese análisis evita es la única que importa: ¿es preferible una reestructuración imperfecta conducida con estrategia clara, o un default indefinido que beneficia exclusivamente a los acreedores oportunistas que esperan exactamente esa parálisis?
El debate sobre la transparencia no debería centrarse en si negociar, sino en cómo hacerlo mejor. Eso significa exigir una auditoría de la deuda total con resultados públicos, una estrategia que incluya a todos los acreedores de manera simultánea, un análisis de sostenibilidad validado externamente y un marco de protección de activos que detenga las ejecuciones en curso. Esas son exigencias necesarias que debemos exigir en el proceso — no argumentos para suspenderlo. La transparencia real no llega antes de la negociación: se construye en ella.
Venezuela tiene hoy asesores trabajando, momentum de inversión real, interés internacional concreto y una apertura diplomática con Washington que no existía hace 8 meses. Esos activos no son permanentes. Las ventanas de oportunidad en la política económica se abren y se cierran. Magnificar los riesgos para paralizar, en un momento en que el país tiene más con qué negociar de lo que ciertos análisis reconocen, tiene su propio costo. Y ese costo, como siempre, lo pagaremos los venezolanos que no estuvieron en ninguna mesa.
