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Julio A. López, editor jefe. — La geología no firma cheques, no perfora pozos ni reconstruye oleoductos. Venezuela tiene petróleo y gas, así como campos petrolíferos conocidos. El problema consiste en convertir esa riqueza geológica en proyectos financiables, producción, empleo, impuestos e infraestructura.
La reforma legal abrió espacios importantes al capital privado y rompió con parte del modelo estatista anterior. Sin embargo, el Reglamento corre el riesgo de convertir esa apertura en un laberinto de planes, autorizaciones, revisiones, controles e intervenciones administrativas.
Venezuela necesita velocidad, pero el nuevo marco parece responder con más capas de supervisión. Cada paso adicional puede implicar tiempo, incertidumbre y costos. Y en el sector del petróleo, donde una decisión de inversión compromete cientos o miles de millones de dólares, la burocracia también entra en el cálculo del riesgo económico.
A esa preocupación se suma una variable decisiva: las regalías.
El nuevo marco contempla una regalía que puede alcanzar el 30% sobre los hidrocarburos extraídos y no reinyectados. A ello se agregan otras obligaciones fiscales, entre ellas el Impuesto Integrado de Hidrocarburos de hasta 15% sobre los ingresos brutos mensuales.
Durante la Apertura Petrolera de los años noventa, el país entendió que no todos los proyectos podían soportar la misma carga desde el primer barril. Existieron mecanismos que permitían reducir la regalía hasta el 1% en determinados proyectos y elevarla progresivamente conforme mejoraba su desempeño económico.
La lógica era elemental: primero, permitir que el proyecto naciera, recibiera inversión, aumentara la producción y desarrollara capacidad contributiva; después, elevar la participación fiscal del Estado a medida que creciera la rentabilidad. No era regalar petróleo. Era reconocer una realidad que a veces la política olvida: 1% de un proyecto que existe puede valer más que 30% de un proyecto que nunca obtiene aprobación financiera.
Venezuela necesita recuperar la producción, rehabilitar campos maduros, reconstruir instalaciones, atender pasivos, incorporar tecnología y movilizar miles de millones de dólares.
El nuevo marco sí contempla posibilidades para reducir la regalía. Para obtener reducciones, parecen especialmente adecuadas para empresas con una enorme capacidad financiera, técnica y jurídica. Si un operador debe justificar exhaustivamente la economicidad del proyecto, presentar estudios complejos, atravesar evaluaciones sucesivas y depender de decisiones administrativas para obtener una carga compatible con la inversión, la reducción deja de funcionar como una regla competitiva y comienza a parecer una concesión negociada.
Una gran multinacional puede movilizar equipos de abogados, consultores fiscales, economistas, ingenieros de yacimientos y especialistas regulatorios. Puede financiar estudios, sostener negociaciones prolongadas y esperar decisiones administrativas. Una empresa mediana, un operador independiente o un nuevo inversionista quizá no pueda soportar el mismo recorrido.
La paradoja sería grave: una industria formalmente abierta, pero cuyo verdadero acceso termine reservado a quienes poseen suficiente tamaño para atravesar el laberinto.
No solo se requiere a las grandes petroleras internacionales; Venezuela necesita operadores medianos, empresas independientes, compañías especializadas en campos maduros, capital privado, proveedores tecnológicos y nuevos actores capaces de asumir proyectos que quizá no resulten prioritarios para los gigantes mundiales.
Por eso, la reducción de regalías debería basarse en criterios claros, objetivos, previsibles y accesibles para todos. Si un proyecto exige inversiones extraordinarias, presenta una baja rentabilidad inicial, opera en un campo marginal o requiere años para recuperar el capital, la carga fiscal debería ajustarse mediante fórmulas transparentes. Y cuando aumenten la producción, los precios o la rentabilidad, la participación del Estado también debería crecer automáticamente.
Ese principio permitiría alinear intereses. El inversionista tendría visibilidad para calcular riesgos y rendimientos. El Estado captaría una mayor renta cuando el proyecto pueda pagarla. Y el país reduciría la discrecionalidad que siempre aparece cuando una ventaja depende más de una negociación administrativa que de una regla conocida.
El nuevo Reglamento puede todavía demostrar que facilita ese objetivo. Pero si combina regalías elevadas con múltiples revisiones, intromisiones administrativas y mecanismos de reducción que, en la práctica, solo pueden manejar las empresas más poderosas, la apertura corre el riesgo de existir más en el papel que en los campos.
Venezuela no tiene tiempo para confundir el control con la complejidad ni la soberanía con cargas capaces de ahuyentar la inversión.
