A Carmen Teresa Navas le alcanzó el aliento para saber dónde estaba su hijo. Después de encontrarlo muerto, pareciera que la tristeza, la impotencia y, probablemente, la rabia, fusilaron la salud de sus 82 años.
José Gregorio Yépez
Ella no buscaba culpables. Ella solo buscaba a su hijo.
En esa búsqueda, ella consiguió desidia, indolencia, fallas de información y una institucionalidad ayuna de la seriedad y de la eficiencia que se merece una población que ha sido capaz de no dejarse llevar por la violencia de un entorno político polarizado.
Ella tenía nombre y apellido. Se llamaba Carmen Teresa Navas.
Desde el día en que su hijo desapareció, estuvo peregrinando de cárcel en cárcel, de institución en institución, de la Fiscalía a la Defensoría, buscando respuestas, hasta que llegó la mala noticia: su hijo, Víctor Hugo Quero, estaba muerto hacía 10 meses.
Este 17 de mayo de 2026, se fue.
Se fue a buscar, junto Víctor, la justicia que la tierra donde nació y vivió le negó. Durante 10 días estuvo frente a un paredón donde, probablemente, la tristeza, la rabia, la decepción y la impotencia terminaron fusilando la salud que a sus 82 años le quedaba.
La búsqueda
La señora Carmen Teresa buscó en todas partes. Desde Tocorón en Aragua, pasando por El Helicoide, la Zona 7 de Boleita, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, hasta las cárceles del Rodeo I, II y III en la zona de Guatire, en el estado Miranda.
La respuesta siempre fue la misma: “No está aquí”.
Carmen Teresa decide llamar a una rueda de prensa en la Plaza Altamira. Denuncia públicamente que no ha recibido respuestas sobre el paradero de su hijo y exigió una prueba de vida tras 15 meses de no saber su paradero.
La señora había recibido una copia de la constancia de comparecencia del 24 de octubre de 2025 donde la Defensoría del Pueblo le comunicaba que su hijo se encontraba «detenido en el Centro Penitenciario El Rodeo I», imputado por la Fiscalía 67ª del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria.
El documento está firmado por Dionita Coronado, Defensora III de la Unidad de Investigación, Mediación y Conciliación de la Defensoría del Pueblo.
Para este momento Víctor Hugo Quero ya tenía tres meses fallecido, según la comunicación hecha por el Ministerio para el Servicio Penitenciario del 07 de mayo de 2026, en la que se señala que murió el 24 de julio de 2025.
Otra de las contradicciones que se presentan en este caso es que, justamente dos días antes del pronunciamiento del Ministerio de Servicio Penitenciario sobre el deceso de Quero, había sido rechazada la petición de amnistía, solicitada a propósito de la Ley promulgada por el Ejecutivo.
El Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, rechazó formalmente la solicitud de amnistía introducida por la defensa. El tribunal argumentó que los delitos imputados (terrorismo, traición a la patria y conspiración) quedaban excluidos de los beneficios de la ley.
¿Cuándo comenzó?
Esta historia comenzó con la detención de Quero en enero de 2025, de la cual la señora Carmen Teresa se enteró por una llamada de terceros, quienes le indicaron que su hijo fue detenido por hombres encapuchados.
Según las cifras del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) las desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron 196 % durante el año 2025, en comparación con el año anterior.
«Vemos con preocupación el aumento drástico de las desapariciones forzadas en 2025», dijo la socióloga Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Medios de Provea, durante la presentación del Informe Anual de esta organización, quien indicó que se registraron 160 víctimas frente a las 54 de 2024.
Según esta Organización No Gubernamental más de 130 dirigentes sindicales «fueron detenidos arbitrariamente» en 2025 y «muchos sometidos a desaparición forzada».
Sin embargo, Quero no era un dirigente sindical y se ubica dentro de estas estadísticas de Provea.
Una lectura
Antonio González Plessman, codirector de la organización Surgentes, señala que el caso Víctor Hugo Quero “genera una indignación colectiva, no solo por la desaparición, que ya se venía normalizando como práctica, sino por el prolongado dolor de una madre octogenaria y el desenlace. Imagino que ahí hubo una mezcla de negligencia, inercia represiva y una decisión política”.
“Por un lado, el caso muestra una sociedad que repudia en bloque la barbarie; por otro lado, expresa un entramado de complicidades, con acciones y omisiones, que mantienen vivo un aparato represivo despreciable”, señala el activista por los derechos humanos.
Al consultarle sobre dónde puede ubicarse las responsabilidades señala que existen varios grupos de funcionarios.
Los primeros que identifica son: “Los que detienen, incomunican y desaparecen”. Señala que el DGCIM realizó una detención arbitraria y mantuvo incomunicado a Víctor Hugo Quero.
A estos suma: “Los que imputan e inician el juicio y los que no lo defienden”.
Entre ellos identifica al fiscal 67 del Área Metropolitana de Caracas, a quien le fue presentado Víctor Hugo Quero “y que, sin pruebas, decidió imputar un delito (porque esa era la orden) y el Juez de Control Segundo de Terrorismo que, también sin pruebas, decidió que debía iniciarse un juicio (porque esa era la orden) y mantenerlo privado de libertad entre tanto”.
“Ninguno de los dos veló, además, porque Víctor pudiera comunicarse con familiares o personas de su confianza. A Víctor le asignaron un defensor público que, además de defenderlo, tenía la obligación de contactar a la familia y tampoco lo hizo”, señala el codirector de Surgentes.
Más adelante en la conversación identifica la responsabilidad de “quienes tienen que velar por la vida y las condiciones de reclusión”.
“Son responsables todos los encargados de proteger la vida, integridad y salud en los centros de reclusión por donde pasó (DGCIM y El Rodeo), que no le garantizaron su derecho a comunicarse con familiares o personas de su confianza. Va desde los responsables directos de cada centro (DGCIM y El Rodeo) hasta la máxima autoridad, que en el caso de la cárcel es el ministro de Servicio Penitenciario”, señala González Plessman.
En su argumentación indica que “el Ministerio Público, en su Dirección de Derechos Humanos tiene una Subdirección cuya misión es velar por los derechos de las personas privadas de libertad”.
“La Fiscalía es responsable, no solo porque imputó sin pruebas sino también porque luego no informó a la madre cuando fue a buscar información”, afirma el activista por los derechos humanos.
En la descripción de los grupos de autoridades responsables señala a “los que no investigaron”.
“Carmen fue, al menos 10 veces, a la Defensoría del Pueblo y fue atendida por varios defensores (al menos seis). En su denuncia, los defensores clasificaron la solicitud de Carmen como una denuncia por Debido Proceso y no por Incomunicación y Desaparición Forzada, lo que era su deber”, explica.
A esto agrega que se solo se hicieron gestiones superficiales ante el Ministerio Público para conocer de qué lo acusaban, “pero nunca hicieron gestiones para garantizar la comunicación directa entre Víctor y su madre. Las personas que atendieron a Carmen, su supervisor directo y el defensor del Pueblo, tienen responsabilidad por omisión de su deber de proteger los derechos humanos”.
Asimismo señala que Carmen Teresa Navas “presentó denuncia ante el Ministerio Público, dirigida directamente a Tarek William Saab, señalando la desaparición. El Ministerio Público no inició ninguna investigación por ese delito, ni entregó información a la madre de Víctor”.
“En abril de este año Carmen presentó un habeas corpus que no fue recibido por los tribunales del Área Metropolitana de Caracas, práctica recurrente que obedece a una decisión política de la cabeza de la Justicia Penal (Sala Penal del TSJ) y presidencia del TSJ”.
Finalmente señala a “los que decidieron no informar”.
En esta categoría ubica al director del Rodeo y los custodios que atienden a las familiares, “los mismos que le negaron a Carmen que su hijo estaba ahí, todas las veces que fue a preguntar por él y que tampoco le informaron cuando fue trasladado por la urgencia médica”.
Asimismo señala al ministro de Servicio Penitenciario “que permitió que Carmen pasara nueve meses buscando a un hijo que ya estaba muerto, prolongando con ello el dolor y la angustia”.
Otra lectura
“El caso de Víctor Hugo Quero es muy lamentable, que expresa el terrorismo de Estado. Es un resultado de la situación de crimen de lesa humanidad que está siendo investigado en Venezuela”.
Así lo ve el abogado defensor de DD.HH. y ex preso político Eduardo Torres, quien fue excarcelado luego del 03 de enero.
Según su percepción “en Venezuela hay un patrón que tiene varias aristas de un delito. Tenemos la detención arbitraria, sin orden judicial. Luego de esa detención arbitraria desaparecen a la gente. Hay una desaparición forzada, se viola el artículo 44 de la Constitución”.
Por otra parte, coincide con González Plessman en el tema de la incomunicación.
“No se le permite llamar a su familia, llamar a su abogado, por el contrario, lo aíslan. No solo para generar terror en la población, sino que como en mi caso que fui preso, luego que estás aislado, lo que viene es un trato cruel, inhumano y degradante”, explica el abogado.
Agrega Torres que “cuando la policía o cualquier ente de seguridad de Estado necesita alguna confesión, o algunas preguntas sobre algún hecho que estén desarrollando, entonces viene la tortura y en muchos de esos casos las torturas terminan en muerte. Después de la muerte viene la mentira oficial. No hay Estado de derecho en Venezuela”.
También señala que en este caso “se ordenó una investigación, pero no se realiza con base a parámetros internacionales, que sería lo correcto. En este caso lo realiza únicamente el Ministerio Público”.
Destaca que el fiscal general de la República “lleva más de una década siendo el abogado del Estado, del gobierno de Chávez, de Maduro y de Delcy Rodríguez en instancias internacionales de derechos humanos y lo que tiene que ver con la Misión de Determinación de los Hechos y la Corte Penal Internacional”.
“Larry Devoe ha sido el abogado de los que están acusados de cometer crímenes de lesa humanidad”, advierte.
Sostiene que el Ministerio Público “no está actuando de buena fe, buscando la verdad, sino que se trajeron a una persona para que siga defendiendo los intereses de los que están gobernando y que siguen siendo investigados como criminales de lesa humanidad”.
“No se aceptan los habeas corpus en Venezuela. Es decir, cuando hay una desaparición forzada, los tribunales, un juez que tiene el deber de ordenarle a los cuerpos represivos que muestren el cuerpo, que presenten los cuerpos, las personas desaparecidas en los tribunales, sencillamente los tribunales penales en Venezuela no los aceptan”, señala Torres.
El desenlace
Tras vivir un sinfín de injusticias, Carmen Teresa tuvo que vivir algo que, a pesar de la distancia que el periodista debe tomar del caso que sigue o cubre, de que la responsabilidad y el rigor periodístico impone mirar los hechos con la asepcia de un espectador neutral, estremece la esencia humana de quien logra acercarse a los hechos.
A esta madre octogenaria le tocó reconocer a su hijo al ser exhumado luego de 10 meses.
Contó la periodista Maroyrin Méndez, quien siguió el caso día a día, que Carmen Teresa Navas al ver los restos que quedaban de su hijo y certificar que era él, decidió colocarle la medias que usaba en su peregrinar y dejar junto a su cuerpo la gorra que se llevó en el proceso de búsqueda.
El caso Víctor Hugo Quero, que también podría llamarse Carmen Teresa Navas, no terminó, al contrario, abre un camino para insistir en la búsqueda de respuestas a la situación de los derechos humanos en el país y documentarlas, para que no se repitan nunca más.
