The Daily Journal.– El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Cilppve) confirmó la excarcelación de la adolescente Samanta Sofía Hernández Castillo durante la noche del lunes 18 de mayo. La organización ratificó a través de sus cuentas en redes sociales que la joven “ya se encuentra con su familia tras ser excarcelada de una prisión injusta por motivos políticos”.
Hernández Castillo había sido detenida el 19 de noviembre de 2025, cuando tenía apenas 16 años de edad, al ser sacada de su vivienda ubicada en El Valle, Caracas, por funcionarios encapuchados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El arresto de la menor se ejecutó con el objetivo de presionar a su tío, un exmilitar acusado de rebelión, para que se entregara a las autoridades.
Debido a estas circunstancias, la plataforma de derechos humanos denunció que la adolescente fue recluida en la Entidad de Atención de Antímano “en medio de una política de persecución y castigo familiar de personas consideradas disidentes por el Estado venezolano o Sippenhaft”.
La joven es el último caso de menores de edad detenidos arbitrariamente durante la escalada de represión que siguió al anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y que se prolongó hasta finales de 2025.
Recientemente, la organización no gubernamental Provea presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La ONG registró 596 presuntas violaciones al derecho a la libertad personal durante 2025. De ese total, 513 casos —equivalentes al 86%— estuvieron vinculados a motivos políticos.
Provea destacó que, si bien las detenciones generales disminuyeron 77,4% respecto al pico represivo de 2024, las detenciones individuales aumentaron 31,5% sobre el promedio histórico de las últimas décadas, lo que evidencia “una política de persecución más dirigida y selectiva”.
El informe identifica como principales víctimas a hombres, dirigentes políticos y líderes sociales, además de trabajadores y obreros. Los mayores picos de detenciones ocurrieron en enero, en el contexto de la juramentación presidencial, y entre mayo y junio, durante los comicios regionales y legislativos.
