The Daily Journal.– Organizaciones de derechos humanos confirmaron este martes la excarcelación de tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, quienes permanecían detenidos desde abril de 2003. Los exagentes Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar cumplían condenas de hasta 30 años de prisión por su presunta responsabilidad operativa en los hechos de violencia ocurridos durante una movilización opositora en abril de 2002 que dejó 19 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Horas antes del pronunciamiento de las ONG, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había adelantado la ejecución de estas medidas de gracia durante el desarrollo de la sesión parlamentaria. El jefe del legislativo enmarcó las liberaciones dentro de un plan extraordinario de revisión de medidas de privación de libertad que excede los parámetros ordinarios de las amnistías previas.
“Entre el día de ayer y este viernes, 300 personas serán puestas en libertad”, aseveró Rodríguez desde la tribuna del parlamento. El diputado detalló que la medida abarca a ciudadanos procesados judicialmente bajo condiciones especiales de vulnerabilidad.
“Algunas (personas) incursas en hechos, en delitos demostrados, pero por ser menores de edad, o mayores de 70 años, o portadores de una patología, se está cumpliendo, más allá de la ley de amnistía, con un proceso de darle beneficios a esas personas”, puntualizó el parlamentario.
En su intervención, Rodríguez mencionó explícitamente a los expolicías, así como a otros casos de resonancia pública como el de la adolescente Samanta Hernández, detenida en noviembre de 2025 para forzar a su tío, un exmilitar acusado de rebelión, a entregarse a la justicia.
El caso de Puente Llaguno
El expediente judicial de los expolicías metropolitanos se remonta a las detenciones ordenadas por la Fiscalía el 19 de abril de 2003. El caso estuvo directamente vinculado a los enfrentamientos armados del 11 de abril de 2002 en el centro de Caracas, particularmente en las inmediaciones de Puente Llaguno, en medio de la crisis política que desembocó en el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías.
Por estos hechos se procesó a ocho altos mandos y agentes de la Policía Metropolitana, un grupo que incluyó a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, además de los funcionarios subalternos Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar. Se les acusó de presunta responsabilidad operativa en el saldo de 19 fallecidos y más de un centenar de heridos registrado durante una marcha opositora que se desvió hacia el palacio de gobierno.
El juicio se convirtió en el más largo de la historia penal del país, acumulando más de 230 audiencias, la comparecencia de cerca de 200 testigos y la evaluación técnica de miles de fotografías y decenas de videos. En el año 2009, el tribunal dictó la pena máxima de 30 años de prisión para varios de los procesados bajo los cargos de homicidio calificado frustrado en grado de complicidad correspectiva, lesiones graves y leves, y uso indebido de armas de fuego.
El estatus de los procesados
Con el transcurso de las dos décadas de reclusión, el estatus de los sentenciados fue modificándose de manera progresiva mediante el otorgamiento de medidas sustitutivas de libertad. El comisario Iván Simonovis recibió una medida de arresto domiciliario por razones de salud en 2014, logrando posteriormente salir del país, mientras que Henry Vivas y Lázaro Forero obtuvieron la libertad condicional humanitaria años más tarde. Otros agentes subalternos fueron completando los tiempos de sus condenas reducidas.
No obstante, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar permanecían bajo régimen de reclusión, cumpliendo de forma efectiva 23 años tras las rejas desde su arresto inicial en 2003.
El caso ha mantenido un profundo debate político en la sociedad civil venezolana. Mientras que los sectores oficiales siempre sostuvieron que los funcionarios participaron activamente en la represión armada contra civiles el 11 de abril de 2002, sus familiares, la defensa técnica y diversas ONG internacionales denunciaron de forma sistemática que el proceso penal estuvo viciado por motivaciones políticas y violaciones al debido proceso.
