The Daily Journal.— El sistema penitenciario de Venezuela registró un promedio de una muerte cada dos días durante el año 2025, sumando un total de 181 decesos en centros de reclusión y calabozos policiales, según el informe anual presentado por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
El documento, titulado En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas, señala que la falta de atención médica e insumos sanitarios dentro de las instalaciones estatales constituye la principal causa de mortalidad en el sector penal.
Durante la presentación del balance, el director del OVP, Humberto Prado, afirmó que el problema de las cárceles venezolanas «no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es la magnitud de la indiferencia».
Prado también apuntó a la inacción de las instituciones de salvaguarda judicial en el país: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial «funcionan de la siguiente manera: Uno no ve, el otro no oye y el otro no habla. Mientras tanto las personas privadas de libertad continúan muriendo en las cárceles de Venezuela».
Falta de asistencia médica encabeza las causas de muerte
El monitoreo de la organización detalló que de las 181 víctimas mortales documentadas, 158 ocurrieron en centros penitenciarios principales y 23 en centros de detención preventiva o calabozos policiales.
La organización subrayó que 151 de los decesos en las cárceles principales —lo que equivale al 95,57% del registro interno— se produjeron por la ausencia de asistencia médica oportuna, un indicador que el OVP califica como muertes por negligencia institucional.
Hacinamiento crítico y limbo procesal
La organización reportó que la infraestructura carcelaria opera con severas limitaciones. Actualmente existen 52 penales construidos en la nación suramericana, pero solo 39 se encuentran operativos. La red activa se distribuye en 35 centros masculinos, una cárcel para mujeres, un internado judicial de hombres que alberga población femenina y 11 cárceles comunes con anexos para mujeres.
El OVP estima que la población penitenciaria actual se sitúa en 26.694 reclusos, quienes ocupan infraestructuras diseñadas con una capacidad instalada para 15.096 personas. Esta relación estadística sitúa el hacinamiento en un nivel crítico del 176,83%. El informe destaca asimismo la persistente opacidad de los datos gubernamentales para auditar los recintos activos.
En materia procesal, las estadísticas del observatorio revelan que el 75% de los internos se encuentra en condición de procesados (sin condena definitiva), mientras que solo 6.427 personas poseen una sentencia firme. La distribución por género sitúa la población de hombres en 24.149 y la de mujeres en 2.545 ( 9,53% del total).
Condiciones de reclusión y presos políticos
La organización documentó que entre 2015 y 2025 un total de 26 personas consideradas presos políticos fallecieron bajo custodia estatal, registrándose 4 de estos casos durante el año 2025. El informe menciona, entre otros, el deceso del ciudadano Víctor Quero Navas en el Internado Judicial Rodeo I, un expediente sobre el cual la ONG denuncia que las autoridades no han presentado conclusiones concretas ni asignado responsabilidades penales desde que se efectuó la exhumación de los restos.
El director del organismo denunció el uso de regímenes de aislamiento e incomunicación total como factores que deterioran la salud mental de los internos.
«El Estado les niega incluso saber si su familiar está vivo. La fe de vida no es un privilegio, es un derecho y convertirla en incertidumbre es una forma de tortura psicológica, tanto para quien está adentro como para sus familiares», afirmó Prado.
Entre las irregularidades operativas detectadas por la ONG en El Rodeo I, se enumeran cortes selectivos de energía eléctrica, celdas de aislamiento prolongado, restricciones severas a las visitas familiares, inspecciones violentas y traslados de familiares con rostros cubiertos por parte del personal de custodia civil y militar.
Mujeres y adolescentes
Las mujeres reclusas enfrentan serias carencias en el suministro de agua potable, dietas balanceadas (reducidas mayoritariamente a harinas y granos provistos por sus familias), atención ginecológica y espacios adecuados para la maternidad. La organización enfatizó que 5 de las 158 muertes por motivos de salud reportadas en prisiones correspondieron a la población femenina.
Finalmente, la ONG alertó sobre el vacío de información oficial relativo a los menores de edad y adolescentes bajo el sistema de responsabilidad penal.
Como resolución de su informe anual, el Observatorio Venezolano de Prisiones recomendó al Estado venezolano reestructurar las políticas carcelarias bajo un modelo descentralizado que devuelva la autonomía operativa a las instituciones de justicia para garantizar el acceso regular a la alimentación, el agua potable y los servicios médicos dentro de los internados judiciales.
