Economistas advierten que la nueva legislación reduce la participación del Estado en la renta petrolera y limita su capacidad de captación fiscal
Neirlay Andrade.- La reciente reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos ha abierto un intenso debate sobre el futuro de la principal fuente de ingresos del país. Mientras el Ejecutivo sostiene que los cambios buscan atraer inversiones y aumentar la producción petrolera, economistas especializados en energía advierten que la nueva normativa implica una reducción sustancial de la participación del Estado en la renta generada por la explotación de los hidrocarburos.
Los investigadores Blas Regnault y Carlos Dürich sostienen que la reforma modifica los tres pilares tradicionales mediante los cuales la nación obtenía ingresos del negocio petrolero: las regalías, los impuestos y los dividendos derivados de la participación accionaria estatal.
Según ambos especialistas, el resultado es una disminución significativa de la porción de riqueza petrolera que ingresa a las arcas públicas, en un momento en que el país enfrenta profundas necesidades de inversión en infraestructura, salud y educación.
Regalías: el primer ingreso de la nación
Para Blas Regnault, el principal cambio se encuentra en el tratamiento de las regalías, consideradas históricamente la expresión jurídica de la propiedad de la nación sobre los yacimientos.
“La regalía está asociada básicamente a la titularidad de la Nación sobre los yacimientos”, explicó.
El economista cuestionó que desde algunos sectores oficiales se presente la regalía como un costo de producción.
“La regalía no es un costo de producción. Sucede antes del pago de salarios, antes de impuestos y antes de la ganancia del capital”, afirmó.
De acuerdo con su análisis, la nueva ley permite que las regalías puedan reducirse hasta 5 % e incluso llegar a 0 % en determinados esquemas contractuales, algo que considera excepcional dentro de la industria petrolera internacional.
“No hay ningún país petrolero del mundo que renuncie a la regalía. Es una cosa insólita lo que está sucediendo con esta ley”, sostuvo.
Para ilustrar el impacto, Regnault utilizó los precios promedio del crudo venezolano registrados entre enero y marzo de 2026. Con un barril vendido a 86 dólares, una regalía de 30 % habría generado aproximadamente 25,8 dólares para la nación por cada barril producido. Con una regalía de 5 %, el ingreso se reduce a apenas 4,3 dólares.
Miles de millones menos para las cuentas públicas
Tomando como referencia los 150 millones de barriles comercializados durante el primer trimestre de 2026 —cifra atribuida al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright— y un precio promedio cercano a 60 dólares por barril, Regnault calculó que la actividad petrolera generó alrededor de 9.000 millones de dólares en valor bruto durante esos tres meses.
Según sus estimaciones, bajo el esquema previo de regalías, impuestos y participación estatal, la captación pública habría alcanzado aproximadamente 5.535 millones de dólares.
Con la nueva estructura legal, el ingreso se reduciría a cerca de 1.576 millones de dólares.
“Es una participación pública de 17,5 %. Eso es inédito en el mercado petrolero mundial”, afirmó.
La diferencia supera los 3.900 millones de dólares en apenas un trimestre.
Para dimensionar la magnitud de la cifra, Regnault señaló que esos recursos equivaldrían a financiar decenas de hospitales medianos o cientos de miles de aulas educativas.
“Estamos hablando de entre 60 y 70 hospitales medianos que podrían haberse financiado con esos recursos, o cerca de 500.000 aulas de educación básica”, indicó.
A su juicio, la discusión sobre la renta petrolera trasciende el ámbito energético y tiene consecuencias directas sobre la capacidad del Estado para sostener políticas sociales.
“Lo que está en juego es una merma sustantiva de la capacidad nacional de sostener la inversión social, la salud pública y la educación”, afirmó.
De una carga fiscal de 42 % a un impuesto de 15 %
Carlos Dürich centró sus críticas en la transformación del sistema tributario petrolero.
El economista recordó que la legislación anterior contemplaba diversos gravámenes vinculados a la actividad petrolera, incluyendo impuestos de superficie, extracción, exportación, consumo propio, consumo general y contribuciones destinadas a fondos especiales.
“Todos esos impuestos sumaban una carga fiscal de entorno de 40 a 42 %”, explicó.
Según señaló, la reforma sustituyó ese conjunto de tributos por una única figura denominada “cuota de hidrocarburos”, fijada en 15 %.
“Pasamos de casi 42 % a 15 %, es decir, a un tercio”, afirmó.
Dürich destacó que la reducción no se limita a los tributos sectoriales. Sumando el impuesto sobre la renta petrolera y otros aportes que existían en la legislación anterior, la participación fiscal efectiva del Estado podía ubicarse entre 55 % y 60 % de los ingresos netos del negocio.
“Esa carga fiscal actualmente puede reducirse a 30 o 35 %, es decir, menos de la mitad”, advirtió.
Menos dividendos y menor presencia estatal
Otro aspecto señalado por los especialistas es el debilitamiento de la participación accionaria estatal.
Dürich explicó que los dividendos constituyen el tercer canal mediante el cual la nación participa en el negocio petrolero, a través de la propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en empresas mixtas.
Sin embargo, sostuvo que la nueva legislación permite esquemas donde la participación estatal puede ubicarse por debajo del tradicional 50 %, reduciendo también los ingresos obtenidos por dividendos.
“Eso también afecta directamente los dividendos que entran a la nación”, señaló.
Contratos protegidos y arbitraje internacional
Dürich también expresó preocupación por varios artículos de la reforma que, a su juicio, restringen la capacidad futura del Estado para modificar las condiciones económicas de los contratos.
Uno de ellos es el artículo 26, que contempla mecanismos de estabilidad contractual.
“No he visto en ninguna otra ley de hidrocarburos a nivel global un sistema semejante”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el artículo 8, que permite que determinadas controversias puedan dirimirse en tribunales extranjeros, así como el artículo 36, que autoriza a empresas mixtas y asociaciones productivas a mantener fondos o cuentas en el exterior.
“Eso va en contra del interés nacional”, afirmó.
La eliminación de los ingresos extraordinarios
Otro de los cambios cuestionados es la derogación de mecanismos que permitían al Estado captar ingresos adicionales cuando los precios internacionales del petróleo alcanzaban niveles elevados.
Dürich recordó que anteriormente existían contribuciones especiales asociadas a escenarios de precios altos del crudo.
Tomando como referencia un precio promedio del crudo Merey de 86 dólares por barril durante marzo de 2026, estimó que la eliminación de esos gravámenes implica una pérdida fiscal significativa.
“Solo por ese impuesto que fue derogado se ha perdido en promedio entre seis y siete dólares por barril exportado”, afirmó.
Transparencia y legitimidad social
Más allá de los aspectos fiscales y contractuales, Regnault advirtió que la reforma reabre una discusión sobre la relación entre el petróleo y la sociedad venezolana.
El investigador sostuvo que durante décadas la legitimidad política del modelo petrolero descansó en la percepción de que una parte sustancial de la riqueza generada por el crudo retornaba al país a través de servicios públicos, infraestructura e inversión social.
Por ello insistió en la necesidad de transparentar los términos económicos de los nuevos contratos.
“Es la hora de la transparencia. Es la hora de la contraloría social”, afirmó.
A su juicio, sin información clara sobre precios de venta, descuentos, regalías, impuestos, canales de pago y destino de los recursos, resulta imposible evaluar cuánto recibe realmente la nación por la explotación de sus hidrocarburos.
Para ambos especialistas, el debate sobre la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos no se limita a la atracción de inversiones o al aumento de la producción. La cuestión central, sostienen, es cuánto de la riqueza petrolera seguirá quedando en manos del Estado venezolano y cuánto será transferido a los nuevos operadores bajo el esquema diseñado por la reforma.
