The Daily Journal.— Un grupo de 29 trabajadores de la empresa minera mixta turco-venezolana Mibiturven fue liberado la noche del miércoles tras permanecer un año y dos meses privados de libertad, según informó la organización no gubernamental Foro Penal. Los empleados habían sido arrestados bajo acusaciones que incluían el delito de tráfico de material estratégico.
El director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, confirmó la medida a través de una publicación en la plataforma X, detallando que las excarcelaciones se hicieron efectivas a las 20:50 hora local (01:50 GMT).
Un arresto militar sin justificación inicial
Los antecedentes del caso se remontan al 1 de abril de 2025. En esa fecha, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ejecutaron un despliegue operativo en las instalaciones de Mibiturven —una corporación binacional conformada por la estatal venezolana Minerven y la firma turca Marilyns Proje Yatirim—, ubicada en el estado Bolívar, una región fronteriza con Brasil en el sur del país.
Durante el procedimiento militar fueron apresados inicialmente 31 trabajadores. De acuerdo con los testimonios ofrecidos en su momento por los familiares de los afectados, los funcionarios actuantes se negaron a suministrar información sobre los motivos de la aprehensión.
Posteriormente, reportes de medios locales revelaron que el expediente judicial que sustentaba los arrestos databa del año 2019, una inconsistencia severamente cuestionada por los familiares, dado que varios de los detenidos apenas sumaban un mes de antigüedad laboral dentro de la compañía minera.
Irregularidades procesales y una muerte bajo custodia
El Ministerio Público imputó formalmente a los trabajadores por los delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de material estratégico e incumplimiento de funciones empresariales.
A lo largo de los 14 meses de reclusión, los allegados de los mineros denunciaron de manera sistemática la existencia de un severo retraso procesal y violaciones continuas al debido proceso. Entre las irregularidades señaladas destacaba la prohibición de juramentar a profesionales de la defensa privada, así como la negativa de las autoridades de permitir el acceso al expediente y a los elementos probatorios que supuestamente justificaban la acción penal.
Durante el periodo de reclusión, el grupo original de 31 detenidos se redujo debido a dos circunstancias distintas: uno de los trabajadores obtuvo una medida de libertad condicional, mientras que otro de los operarios falleció mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.
