The Daily Journal.— Gabriel José Quero Navas, actuando en representación de su familia, emitió un comunicado el miércoles 3 de junio para rechazar el informe oficial publicado recientemente por el Ministerio Público en relación con la investigación sobre la muerte de su hermano, Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida bajo custodia del Estado hace aproximadamente un año.
La réplica de los familiares denuncia que el pronunciamiento emitido por el organismo el pasado 2 de junio descontextualiza el expediente real que cursa ante la Fiscalía 80° Nacional.
Cuestionan silencio sobre el arresto y responsabilidades
En el primer punto del documento, la familia impugna la omisión deliberada de los antecedentes del caso por parte de las autoridades judiciales.
«El comunicado del Ministerio Público de fecha 2 de junio de 2026 nada dice sobre las circunstancias en las que se produjo el arresto arbitrario de Víctor Hugo Quero Navas, ni sobre la responsabilidad penal de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado que participaron en dicho arresto arbitrario», fustiga el texto.
Asimismo, el documento reclama que el informe oficial tampoco evalúa la presunta «responsabilidad legal» de los funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría Pública que «se prestaron para convalidar dicho arresto arbitrario, que avalaron su situación de indefensión permanente o que se negaron a suministrarnos, durante más de un año, información sobre su destino o paradero».
Denuncian estrategia para «exonerar» a funcionarios
Para la familia Quero Navas, la divulgación anticipada de los datos forenses obedece a una maniobra que busca viciar la objetividad del proceso judicial y encubrir la cadena de mando responsable del deceso.
«Se ha materializado, claramente, de una fuga de información sobre una investigación que está en curso y aún se mantiene en fase preparatoria, que nos revictimiza, compromete la objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público y que pudiera estar dirigida, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial antes mencionado, a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento bajo custodia de Víctor Hugo Quero Navas», expone el comunicado.
La denuncia adquiere un tinte aún más trágico al vincular el impacto de este proceso con la muerte de la matriarca del grupo familiar, Carmen Teresa Navas, sometida «a más de un año de tratos crueles e inhumanos en la búsqueda infructuosa de su hijo, al que se le mantuvo en situación de desaparición forzada tras su arresto arbitrario en enero del año 2025».
Peritajes médicos sin aval de la familia
El tercer punto del reclamo detalla irregularidades de carácter forense tras la exhumación del cadáver de Víctor Hugo efectuada el pasado 8 de mayo de este año. Los familiares alegan que el Ministerio Público violó de forma flagrante el deber de reserva legal al exponer conclusiones públicas sin permitir la auditoría de especialistas externos.
La familia califica como «sumamente grave» que no se les haya permitido «intervenir, con el apoyo de médicos independientes, en los exámenes médico-forenses» ni «revisar y evaluar las conclusiones a las que se llegó».
Gabriel José Quero Navas rechazó que -sin autorización o concurso de la familia- se divulgaran los resultados de estos peritajes forenses «como si ya fuesen concluyentes o finales».
Exigencia del Protocolo de Minnesota
Como cierre de la declaración, la representación legal de las víctimas exigió un cese inmediato a cualquier acción u omisión institucional que persiga la impunidad de los agentes del Estado implicados en los hechos.
Para garantizar la transparencia del proceso, demandaron formalmente que «con base en las leyes vigentes y en los parámetros establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, se adelanten las investigaciones pertinentes respetando a las víctimas y con ética, objetividad, imparcialidad y transparencia».
