The Daily Journal.- En una acción internacional conjunta, centrales sindicales de Venezuela introdujeron formalmente una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La demanda acusa al Estado venezolano de implementar una política sistemática de desalarización y de violar de forma flagrante convenios internacionales de cumplimiento obligatorio para la República.
El recurso está respaldado por la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), la Unión Nacional de Trabajadores (Unete, la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (Fetrasined). Los gremios invocan la activación del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la violación continuada del Convenio 95 (Protección del Salario) y el Convenio 158 (Terminación de la Relación de Trabajo).
Cuatro años de congelamiento y el «fraude» de la bonificación
El núcleo de la denuncia penal y laboral se centra en el congelamiento del salario mínimo legal en Venezuela, el cual permanece estancado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Los trabajadores denuncian que el Ejecutivo nacional sustituyó de facto el concepto legal de salario por el de «Ingreso Mínimo Integral», desplazando las remuneraciones hacia bonificaciones discrecionales sin incidencia salarial.
De acuerdo con el texto de la reclamación, esta política de bonificación genera daños patrimoniales severos y destructivos para las familias: «La decisión gubernamental (…) mantiene el Salario Mínimo mensual en 130 Bs —el equivalente en dólares a US$ 0,26 centavos para ese día—, a consecuencias del congelamiento del monto del salario mínimo durante 4 años (…). En tales condiciones, el componente salarial del fraudulento ‘Ingreso Mínimo Integral’ es tan solo de 0,10%, siendo ese único porcentaje la base de cálculo para las incidencias en las prestaciones sociales y demás indemnizaciones».
Los sindicatos documentan en un informe técnico anexo al caso que el tabulador básico docente sufrió una pérdida del valor real superior al 99%. Un Docente VI, la máxima categoría profesional, pasó de percibir el equivalente a $105,55 en 2022 a tan solo $0,88 en mayo de 2026 por concepto de sueldo base. Los gremios alertan sobre un fenómeno de «igualación hacia abajo», donde la diferencia salarial mensual entre un bachiller no docente y un profesional con décadas de servicio es de apenas 36 centavos de dólar.
Exclusión discriminatoria del Bono de Responsabilidad Profesional
La demanda también incorpora las denuncias de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) y otros sectores de la administración pública respecto al pago caótico del Bono de Responsabilidad Profesional asignado en abril y mayo de 2026.
Los firmantes sostienen que dicho beneficio fue otorgado bajo criterios de discriminación salarial que excluyeron a más del 80% de los profesionales del Estado , afectando principalmente a contratados regionales del sector salud, la mayoría de los docentes universitarios y el personal en condición de jubilados o pensionados. Adicionalmente, denuncian que el desembolso de estos bonos estatales a través del Sistema Patria ha sido condicionado de forma punitiva a que los funcionarios públicos «no participen en protestas laborales, bajo la amenaza de no pagarlo a quienes continúen en acciones de masas».
Persecución en las aulas: Suspensiones masivas
La reclamación ante la OIT denuncia una arremetida institucional directa contra el sector educativo a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Los líderes magisteriales acusan la retención ilegal de sueldos y beneficios socioeconómicos como una medida de presión antisindical.
«Denunciamos ante la opinión pública con hechos constatados: Las suspensiones salariales arbitrarias masivas sin el debido proceso de forma irregular a más de 50.000 trabajadores de la educación en diversas categorías y sectores adscritos al MPPE. Estas medidas vulneran la estabilidad laboral y se ejecutan sin procedimientos legales previos».
Las federaciones exponen que el Sistema de Registro y Asignación de Cargos (RAC) ha sido desvirtuado por las autoridades para ser utilizado como una «herramienta de hostigamiento laboral». Mediante esta plataforma se aplican suspensiones intempestivas de sueldos, alegando de forma verbal supuestos «abandonos de cargo» inexistentes, afectando incluso a personal con enfermedades graves, reposos médicos certificados, mujeres en periodo prenatal o dirigentes con licencias sindicales vigentes.
Petitorio final ante el organismo internacional
Ante el silencio institucional absoluto del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que mantiene congeladas las acciones de amparo introducidas a nivel doméstico, las centrales solicitaron formalmente a la OIT: Admitir la reclamación y designar de forma urgente un Comité Tripartito para evaluar el cumplimiento de los convenios por parte del Estado venezolano; Conminar al Estado a cesar la retención ilegal de salarios y ordenar el pago retroactivo de los sueldos bloqueados a los educadores desde diciembre de 2024; exhortar a la revisión y actualización inmediata del salario mínimo nacional; y extender el bono de profesionalización a todo el personal activo y jubilado de la administración pública sin ningún tipo de sesgo o discriminación.
