The Daily Journal. — El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que un total de 26 personas privadas de libertad han fallecido bajo la custodia directa del Estado venezolano en el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. El balance fue presentado tras confirmarse el deceso de una interna en el estado Miranda, atribuido por la organización a la precariedad asistencial en los internados judiciales.
A través de un reporte institucional en su cuenta en X, la organización no gubernamental informó: «se eleva a 26 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado venezolano, entre abril y junio de 2026».
El último caso registrado corresponde a Fabiana Desirée Páez Fernández, quien se encontraba recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques. Con relación a las causas del deceso, el OVP señaló que «nuevamente la falta de atención médica en los centros penitenciarios de Venezuela cobra la vida de una persona privada de libertad. El OVP conoció que Fabiana Páez presentó insuficiencia respiratoria y otras patologías de salud, que no recibieron debida atención médica integral».
Repunte de decesos en el mes de junio
Los registros del observatorio indican que la muerte de Páez Fernández se inscribe en un patrón de decesos documentados durante el presente mes. Al respecto, la organización detalló que «en este mes también se conoció la muerte de Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III, y de Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia».
El deceso de la interna representa un hito adverso para el centro femenino del estado Miranda, al constituir la primera defunción desde su reconversión estructural. «Con el fallecimiento de Fabiana documentamos la primera muerte de una privada de libertad en la cárcel La Crisálida, desde su creación en 2018», apuntó el informe, añadiendo que «este centro penitenciario es la antigua sede del Internado Judicial de Los Teques, que antiguamente era para población masculina».
Hacinamiento y condiciones de reclusión
La auditoría técnica del OVP vincula el indicador de mortalidad con el deterioro de las condiciones de habitabilidad y el hacinamiento en los recintos de reclusión. En el caso de La Crisálida —cuya población estimada se sitúa en torno a las 320 mujeres—, la organización describió la situación interna en los siguientes términos:
«El OVP también ha registrado las inadecuadas condiciones de reclusión en este penal, donde hay presencia de presas políticas junto con presas sociales y recibían un solo envase de agua para su aseo personal y lavar su ropa. Además, en las celdas se registró hacinamiento de mujeres detenidas luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024».
Ante estos indicadores, el observatorio extendió un requerimiento formal al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario: «exigimos urgente atención médica especializada a las reclusas, para evitar que se produzca otra muerte bajo custodia del régimen».
La organización advirtió que la crisis sanitaria en el sistema carcelario responde a una tendencia estructural que ya había sido reflejada en sus consolidados anuales previos.
Como balance de contraste, el OVP recordó las cifras de su último período de gestión cerrado: «Según nuestro informe anual 2025, 181 privados de libertad murieron bajo custodia. De esta cifra al menos 151 personas (95%) fallecieron sin recibir la atención de salud que necesitaban, entre ellas una mujer en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF)».
