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Julio A. López, editor jefe.— Los terremotos no solo sepultaron a miles de venezolanos. También enterraron para siempre el relato político que, durante más de dos décadas, una élite negligente y corrupta presentó como una verdad incuestionable. Bajo los escombros quedaron consignas, discursos grandilocuentes y promesas de una capacidad de respuesta que, cuando el país más la necesitó, simplemente no apareció.
Si los terremotos de la semana pasada constituyen la mayor tragedia natural de la historia de Venezuela, también representan la prueba más contundente del fracaso de un modelo que convirtió la propaganda en política de Estado. Durante años se habló de un pueblo organizado, de una unión cívico-militar indestructible y de millones de ciudadanos preparados para defender la patria frente a cualquier amenaza. Pero cuando la amenaza fue la naturaleza, el silencio sustituyó a las consignas.
¿Dónde estaban los 8,2 millones de venezolanos que, según anuncios oficiales, estaban inscritos en la defensa integral del país? ¿Dónde quedaron los millones de milicianos exhibidos durante años en desfiles y cadenas nacionales? Si esa estructura existía, ¿por qué no se movilizó para retirar escombros, asistir a los heridos o rescatar a los sobrevivientes durante las primeras 72 horas, cuando cada minuto significaba la diferencia entre la vida y la muerte?
Las respuestas son igualmente inquietantes. O esa fuerza nunca existió en las dimensiones proclamadas, o el país fue víctima de una de las mayores operaciones de propaganda política de su historia. En cualquiera de los dos casos, el resultado fue el mismo: cuando Venezuela necesitó hechos, recibió silencio.
La ausencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también dejó interrogantes difíciles de responder. Mientras ciudadanos, vecinos y voluntarios improvisaban labores de rescate con sus propias manos, miles de efectivos que, en teoría, disponían de organización y capacidad de despliegue permanecieron prácticamente invisibles.
Cuando finalmente aparecieron algunos contingentes, la imagen resultó imposible de ignorar. Generales regordetes, uniformes impecables con bastones de mando, y soldados con fusiles al hombro llegaron a zonas donde la población necesitaba excavadoras, hospitales de campaña, equipos de rescate, palas y picos. La escena reflejó el contraste entre un aparato diseñado para proyectar poder y una tragedia que exigía salvar vidas. En muchos sectores, la frustración acumulada se tradujo en un rechazo hacia unas autoridades que llegaron demasiado tarde.
Los grandes ausentes tampoco vistieron uniforme.
Buena parte de la dirigencia política desapareció de las calles de La Guaira. Allí donde miles de familias buscaban desesperadamente a sus seres queridos, nadie recuerda haber visto a quienes durante años monopolizaron las cámaras, los discursos y los actos públicos. Si estuvieron presentes, pasaron inadvertidos. Si decidieron mantenerse alejados, quizá comprendieron que el dolor y la indignación ciudadana hacían imposible cualquier acto de proselitismo político.
Las grandes tragedias destruyen relatos.
Bajo una montaña de concreto colapsado ya no funcionan las consignas ni los discursos épicos. Solo cuentan la capacidad de respuesta, la organización institucional y el liderazgo efectivo. Los terremotos obligaron a comparar las promesas con los resultados, y esa comparación resultó devastadora para quienes durante años aseguraron estar preparados para cualquier escenario.
Los venezolanos descubrieron que, durante más años, escucharon promesas de fortalezas que nunca estuvieron disponibles cuando más se necesitaban. La tragedia dejó una enseñanza imposible de ocultar: un Estado puede invertir enormes recursos en propaganda, pero cuando llega la hora de salvar vidas, únicamente sobreviven las instituciones reales.
También deberían comprenderlo quienes hoy se presentan como los nuevos aliados del poder en Venezuela. Los terremotos no solo derrumbaron edificios; también dejaron al descubierto la fragilidad de un modelo que confundió el control de las instituciones con el respaldo de la sociedad. Una cosa es que una élite afirme que gobierna y otra, muy distinta, creer que puede controlar indefinidamente a un pueblo agotado e indignado.
Venezuela carga con las consecuencias de quienes destruyeron su estructura económica e institucional, pero también son responsables quienes, por negligencia o complicidad, permitieron que esa destrucción se consolidara. Ignorar esa realidad sería un error histórico.
Tutelaje no significa una patente de corso para hacer cualquier cosa, ni para quien tutela ni para quien es tutelado. Tampoco deben confundirse las tres fases con la alcahuetería, la complicidad o el neocolonialismo.
Venezuela no vivió una revolución; vivió una gran estafa. Es hora de reconstruir la República.
