The Daily Journal. — Un grupo de ciudadanos acudió el viernes ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un Recurso de Interpretación Constitucional. La acción judicial exige aclarar el alcance y vigencia del Estado de Conmoción Exterior —decretado el pasado 3 de enero bajo el número 5.200— y solicita formalmente que se declare su cese inmediato para proceder a la convocatoria de elecciones presidenciales.
A las puertas del máximo tribunal, el economista y accionante Andrés Giussepe declaró: «Hemos venido el día de hoy, 3 de julio de 2026, a consignar un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (…) solicitando fundamentalmente que se aclare el Estado de Conmoción Exterior, que todavía está vigente en el país desde el punto de vista jurídico-legal».
El dirigente señaló que, si bien la nación enfrenta una dura coyuntura tras los recientes sismos del 24 de junio, «el país avanza, el país sigue y creemos fundamentalmente que se aclare algo».
Cese de la causa originaria y cooperación bilateral
La base argumental del recurso radica en lo que los demandantes califican como una «Normalización Indebida» del Estado de Excepción. El documento presenta un «balance sintético» que contrasta las exigencias de la Constitución con la realidad fáctica nacional. En este sentido, denuncian que las restricciones del decreto han mutado en una herramienta de control político, a pesar de que el sustrato que motivó la emergencia se ha disipado por completo mediante una diplomacia activa.
Al respecto, Giussepe fustigó la incongruencia discursiva del Ejecutivo: «Los hechos que han venido ocurriendo en los últimos seis meses están denotando que pareciera que el Estado de Conmoción desapareció por vía de hecho, por vía de acciones diplomáticas. Tomando en cuenta las relaciones que se han venido fortaleciendo entre Estados Unidos, que fue el agresor que fue el que motivó el Estado de Excepción el 3 de enero (…) prácticamente ha perdido su función para la cual fue constituido».
El accionante instó al TSJ a dirimir si la medida excepcional sigue siendo constitucional «dado que el agresor, el que secuestró al presidente Nicolás Maduro, hoy día es el mejor aliado estratégico, es el mejor país para hacer relaciones comerciales».
Asimismo, enfatizó el nivel de cooperación alcanzado con la administración de Donald Trump: «Hemos visto cómo las relaciones diplomáticas prácticamente se restituyeron: Aquí hay un embajador. Aquí ha entrado la CIA. Aquí se han hecho ejercicios militares conjuntos. Es decir, las relaciones diplomáticas, que fueron las que motivaron el Estado de Conmoción el 3 de enero, hoy día eso ya no existe. Por lo tanto, hay que restituir los derechos civiles; hay que restituir los derechos políticos».
El balance técnico consignado en el expediente sustenta esta postura al demostrar una «normalización absoluta» caracterizada por flujos petroleros masivos, vuelos directos y reformas legales orientadas a la inversión transnacional. Además, argumenta la «innecesariedad» de mantener suspendidas las garantías, puesto que el Estado demostró plena capacidad operativa ordinaria para atender la catástrofe del sismo del 24 de junio a través de Protección Civil, sin requerir facultades de excepción.
El petitorio: Falta absoluta y elecciones inmediatas
El recurso introduce una solicitud de medida cautelar innominada para que el TSJ ordene a la Asamblea Nacional iniciar la adecuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a unos comicios presidenciales.
La premura responde al vencimiento del plazo de transitoriedad del gobierno interino, fijado para este sábado 4 de julio de 2026.
«Mañana por cierto es 4 de julio, se cumplen los 180 días, la Asamblea Nacional debe tomar decisiones sobre si la presidenta Delcy Rodríguez sigue siendo presidenta encargada, transitoria, o simplemente ya feneció», advirtió Giussepe, al recordar que la mandataria encargada ejerce un cargo de libre nombramiento y remoción.
El abogado subrayó que «ante el hecho inminente que va a ocurrir el día de mañana y que evidentemente no hay elementos que digan que Nicolás Maduro va a volver al país, entonces aquí la Asamblea Nacional tiene un papel fundamental (…). Tiene que convocar elecciones, tiene que declarar la falta absoluta».
En sus conclusiones, el petitorio formal exige a los magistrados «declarar el cese inmediato del decreto de Estado de Conmoción N.º 5.200 y la restitución plena de las garantías ciudadanas», bajo la premisa de que la Carta Magna no faculta una permanencia indefinida en el poder sin el mandato de la soberanía popular.
«La Asamblea Nacional tiene que comenzar de una vez a decir cuándo son las próximas elecciones», sentenció Giussepe.
