Neirlay Andrade
El pasado 3 de julio, mientras las excavadoras seguían removiendo concreto y los equipos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros, se cumplieron 180 días desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Delcy Rodríguez asumir “en condición de encargada” la Presidencia de la República ante el “secuestro” de Nicolás Maduro.
El plazo máximo previsto por la Constitución venezolana para la Presidencia encargada llegó a su fin en el mismo momento en que el país enfrenta la mayor catástrofe natural de su historia reciente. Ahora, Venezuela se encuentra atrapada entre dos urgencias: reconstruir un país devastado por los terremotos del 24 de junio o abrir un nuevo ciclo político mediante elecciones presidenciales.
La discusión dejó de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un debate político de enormes implicaciones. Mientras el Gobierno sostiene que la prioridad absoluta es atender la emergencia humanitaria, juristas, académicos y dirigentes políticos advierten que el vencimiento del período de transición obliga a definir el rumbo institucional del país. Entretanto, una encuesta de Bloomberg revela que una parte importante de la población continúa considerando urgente acudir a las urnas, incluso después del desastre.
Genealogía la presidencia encargada
La actual Presidencia encargada nació en circunstancias singulares: En enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro bajo una operación militar estadounidenses, el TSJ declaró una “situación excepcional” y permitió que la entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera provisionalmente la jefatura del Estado mediante una medida cautelar.
La decisión judicial evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto —si la ausencia presidencial era temporal o absoluta—, pero creó un marco jurídico extraordinario para garantizar la continuidad del Ejecutivo mientras el país atravesaba una crisis política e institucional sin precedentes.
Lo que establece la Constitución
El artículo 233 de la Constitución dispone que, ante una ausencia temporal del Presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo puede asumir el cargo por un período de hasta 90 días, prorrogable por otros 90 con autorización de la Asamblea Nacional.
Cumplidos los 180 días, si la ausencia se convierte en definitiva, corresponde al Parlamento declarar la falta absoluta y convocar elecciones presidenciales dentro de los treinta días siguientes.
Ese plazo expiró a comienzos de julio, cuando el país estaba en medio de la conmoción por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro-norte de Venezuela y han dejado más de 4.300 personas fallecidas y miles de damnificados.
Sin embargo, hasta ahora la Asamblea Nacional no ha emitido un pronunciamiento formal sobre la situación jurídica de la Presidencia encargada.
¿Un vacío constitucional?
Para la expresidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, el vencimiento del lapso constitucional genera un escenario de incertidumbre institucional.
La exmagistrada considera que, al agotarse el período previsto por la Constitución sin que exista una decisión parlamentaria, Venezuela enfrenta un «vacío de poder» que deja al país sin un presidente con legitimidad constitucional plenamente definida.
El sociólogo Javier Biardeau ofrece una lectura distinta. Aunque coincide en señalar las debilidades jurídicas del esquema actual, a su juicio, el TSJ nunca calificó formalmente la ausencia presidencial como temporal o absoluta.
“El TSJ no estipuló ningún lapso, sino que dictó una medida cautelar sin intervenir en el fondo de la calificación de la falta. Lo grave es que las medidas cautelares no son de plazo indeterminado o indefinido”, explica.
Biardeau sostiene que la sentencia construyó un régimen excepcional que hoy comienza a mostrar sus límites.
“El TSJ crea un marco interpretativo para validar un gobierno encargado de modo excepcional o extraconstitucional”, afirma.
En su opinión, el mayor problema político no ha sido la actuación del máximo tribunal, sino la ausencia de decisiones por parte del Parlamento.
“La inacción grave políticamente es el silencio de la Asamblea Nacional”, señala.
Para el académico, la controversia electoral de 2024 continúa siendo el origen de la crisis de legitimidad.
“¿Por qué la gente demanda nuevas elecciones? Porque no fue adecuadamente resuelta la controversia sobre los resultados de 2024”.
Biardeau advierte que el país “acumula una policrisis” que incluye “la crisis de legitimación política, una agresión militar externa, un tutelaje sobrevenido, una crisis económico-social acumulada y una catástrofe natural”
“La sentencia del 3 de enero ha creado un régimen jurídico similar a una delgada capa de hielo que se derrite en un lago cuando finaliza el invierno”, agrega.
La emergencia desplaza el debate político
Frente a los cuestionamientos constitucionales, el Gobierno ha optado por colocar la reconstrucción nacional tras la catástrofe sísmica como prioridad absoluta.
Consultado sobre el período de seis meses de la Presidencia encargada, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, evitó referirse al aspecto jurídico y aseguró que el país enfrenta urgencias mucho mayores.
“Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando; lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando del TSJ ahorita”, declaró durante una rueda de prensa con medios internacionales.
Rodríguez consideró improcedente abrir negociaciones sobre la renovación de las instituciones mientras continúan las labores de rescate.
“Ahorita lo que nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, estarse reuniendo entre políticos para decidir quién va para el CNE o para el TSJ.”
El dirigente oficialista descartó incluso participar en conversaciones sobre una eventual transición política.
“Hay tiempo para eso. Si sabes contar, conmigo no cuentes para ese tipo de reuniones.”
En cambio, insistió concentrar los esfuerzos en leyes destinadas a facilitar la reconstrucción de las zonas devastadas por el doble terremoto.
Trump también aplaza las elecciones
El presidente estadounidense Donald Trump coincide en que unas elecciones inmediatas no son viables.
Durante una entrevista concedida a Fox News, el mandatario sostuvo que el deterioro de la infraestructura venezolana impide organizar un proceso electoral confiable en el corto plazo.
“Sí, creo que eso ocurrirá y pienso que vamos en esa dirección. Pero antes de llegar a eso tomará tiempo; tenemos que reconstruir el país”, afirmó.
Trump añadió que la destrucción provocada los sismos hace imposible desarrollar actualmente un proceso electoral.
“En este momento ni siquiera podrían celebrar unas elecciones; el país se ha convertido en un país del tercer mundo y, en las condiciones actuales, ni siquiera sabrían cómo organizar un proceso electoral”.
La opinión pública rompe el consenso
Sin embargo, la percepción ciudadana parece alejarse tanto de la posición del Gobierno venezolano como de la Casa Blanca.
El más reciente estudio Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel en alianza con Bloomberg, muestra que el terremoto no eliminó la demanda de una salida electoral.
El 45,7 % de los encuestados considera que las elecciones presidenciales son ahora más urgentes que antes del desastre.
Otro 32,6 % cree que la prioridad debe ser la reconstrucción nacional y que el proceso electoral debería posponerse temporalmente.
Mientras tanto, el 21,6 % sostiene que la emergencia sísmica no modifica la necesidad de definir el calendario político.
Los datos reflejan un país dividido entre la urgencia humanitaria y la búsqueda de una solución institucional.
Las rutas institucionales
Ante el vencimiento del plazo constitucional, distintos sectores han comenzado a plantear mecanismos jurídicos para resolver la incertidumbre.
Un grupo de organizaciones de izquierda no subordinadas al partido de gobierno presentó recientemente un Recurso de Interpretación Constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ solicitando que se declare el cese del Estado de Conmoción Exterior y se ordene iniciar el proceso de adecuación del Consejo Nacional Electoral con miras a una elección presidencial.
“La Asamblea Nacional tiene que comenzar de una vez a decir cuándo son las próximas elecciones”, sostuvo Andrés Giussepe, uno de los promotores de la acción judicial.
En esta misma línea, la constitucionalista María Alejandra Díaz considera que cualquier salida debe mantenerse dentro del marco institucional.
“Las soluciones al margen de la ley suelen fragmentar la lucha y fortalecer a quienes detentan el poder precariamente”, advierte.
Para la jurista, la vía constitucional puede ser más lenta, pero constituye el único camino capaz de garantizar una transición estable.
“La estabilidad no es la prolongación de la crisis, sino el respeto al Estado de Derecho”.
Más allá del derecho
El exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto sostiene que la discusión no puede entenderse únicamente desde el plano constitucional.
“Es un tema tanto jurídico como político”, afirma.
A su juicio, las decisiones legales están condicionadas por la correlación real de fuerzas existente dentro y fuera del país.
“Las condiciones políticas del tutelaje condicionan cualquier decisión jurídica y los intereses norteamericanos también presionan en esa dirección”, explica el analista político.
Por ello considera improbable que la controversia pueda resolverse exclusivamente mediante interpretaciones constitucionales.
“Todo señala que vamos a ir a un arduo proceso de pulso político que nos debe llevar a una negociación”, apunta.
Seis meses después del inicio de la Presidencia encargada, Venezuela enfrenta una paradoja inédita: mientras el clamor popular exige definiciones institucionales, la mayor emergencia humanitaria de las últimas décadas ha desplazado ese debate.
Los factores de poder ─endógenos y externos─ no han dudado en esgrimir esta tragedia como un escudo para contener las demandas de democratización y de recuperación del Estado de derecho.
El reloj constitucional ya llegó a cero, pero el tiempo de la reconstrucción del país apenas comienza.
