Luis Contreras.- La catástrofe telúrica que sacudió los cimientos físicos de Venezuela ha terminado por desplomar las últimas ficciones de su arquitectura política. El doble terremoto del pasado 24 de junio no solo demolió infraestructuras y segó miles de vidas en zonas críticas como La Guaira; también agrietó de forma irreversible el hermetismo de un régimen que hoy se descubre incapaz de gobernar la ruina. Sobre los escombros de un Estado colapsado, el país asiste al alumbramiento de una realidad inédita: la constituyente tutelada.
Este proceso de refundación institucional forzada no nace de un consenso soberano ni de una gesta revolucionaria, sino de la confluencia de la desesperación social interna y una agresiva pinza geopolítica externa.
En el centro de esta dinámica se encuentra la «ocupación silenciosa» que el Comando Sur de los Estados Unidos ejecuta sobre el terreno bajo el manto de la ayuda humanitaria. El despliegue de buques militares, helicópteros y equipos de planificación de la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) para atender la tragedia ha traspasado las líneas de la cooperación técnica tradicional. Al asumir el control operativo de la distribución de suministros y establecer bases logísticas en puntos clave, la fuerza militar estadounidense ha concretado un desembarco estratégico sin necesidad de disparar un solo cartucho.
Esta fuerte presencia militar norteamericana en las costas y regiones afectadas es precisamente el detonante del encendido debate en el Senado de los EE. UU. Durante la reciente interpelación, los legisladores cuestionaron al Departamento de Estado por lo que consideran un delicado juego de equilibrios: por un lado, se utiliza la infraestructura de defensa para estabilizar la crisis; por el otro, se corre el riesgo de empantanarse en una intervención prolongada que erosione la legitimidad de la transición.
Es bajo esta extrema tutela que debe leerse el regreso de Dinorah Figuera al territorio nacional. Su retorno, propiciado por el Departamento de Estado, es la pieza política de este engranaje de fuerza. Al sentarse con Jorge Rodríguez para conformar la mesa paritaria de cara al 1 de agosto, Figuera no solo busca reestructurar el CNE; actúa como la bisagra civil que legitima la presencia del Comando Sur y da viabilidad al «Plan de Tres Fases» de la diplomacia norteamericana.
La paradoja es cruda. La ruta para la reinstitucionalización del país, un clamor histórico de la sociedad democrática, parece finalmente viable, pero avanza bajo una estricta tutela externa. No es una transición soberana; es un proceso donde las pautas de reconciliación, los tiempos de las futuras elecciones y la administración de los recursos se dirimen con la sombra de los uniformes del Comando Sur operando en los campamentos de refugiados del país.
Para la oposición interna, este escenario plantea un dilema de proporciones históricas. Mientras el liderazgo de confrontación directa y presión social es relegado a la periferia por la urgencia del desastre, el pragmatismo de la Asamblea de 2015 se impone como el único canal transaccional viable ante la comunidad internacional. Se negocia con el adversario no por reconocimiento mutuo, sino por la mutua necesidad de sobrevivir al sismo político y ambiental, bajo la atenta y armada mirada del norte.
Venezuela entra así en el laberinto de una constituyente de facto, tutelada por la geopolítica militar y administrada por la necesidad. El desafío para las fuerzas democráticas venezolanas será gigantesco: cómo participar en esta ingeniería de transición diseñada desde fuera para evitar el colapso definitivo, sin entregar en el proceso los jirones de soberanía que aún le quedan a la República.
