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Diego Bavio.- Durante años, la minería ilegal en América Latina fue considerada un problema ambiental atribuido a pequeños grupos de mineros artesanales. Esa imagen ya no describe la realidad.
Hoy constituye una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado regional y forma parte de ecosistemas criminales que integran minería ilegal, narcotráfico, contrabando, corrupción y control territorial bajo una misma estructura organizacional.
La transformación no ocurrió de manera espontánea. Las FARC y el ELN fueron los primeros en trasladar a la minería ilegal las capacidades desarrolladas durante décadas de narcotráfico: control territorial, logística, financiamiento y redes de corrupción. El verdadero punto de inflexión llegó cuando ese conocimiento encontró en el Arco Minero del Orinoco un territorio en el que la pérdida del control efectivo del Estado venezolano permitió convertir una actividad artesanal en una industria criminal.
Desde allí, el modelo comenzó a expandirse a través de los corredores amazónicos hacia otros países andinos. Lo que se internacionalizó no fue únicamente la explotación ilegal del oro. También se internacionalizaron los conocimientos, las redes logísticas y las capacidades organizacionales que sustentan ese negocio.
A partir de ese momento, la minería ilegal dejó de depender principalmente de la existencia de yacimientos. Su principal desafío pasó a ser otro: mantener una cadena de abastecimiento capaz de transportar combustible, explosivos, maquinaria pesada, mercurio y cianuro a zonas remotas controladas por organizaciones armadas. Ese cambio obliga a replantear la forma en que analizamos el problema.
Ese mismo cambio también modificó el verdadero centro de gravedad del negocio. Durante años, la atención se centró en el oro extraído y en los campamentos clandestinos. Sin embargo, una operación minera ilegal a escala industrial depende mucho más de su capacidad de abastecimiento que de la existencia de un yacimiento.
El mejor ejemplo es el cianuro de sodio, un reactivo indispensable en la recuperación de oro en procesos industriales. Mantener únicamente la producción ilegal estimada en Ecuador requeriría mover alrededor de 440 toneladas de cianuro al año. Si se consideran Colombia y Perú, la demanda supera las 5.000 toneladas anuales, sin incluir la producción del Arco Minero venezolano.
La dimensión del fenómeno cambia por completo. El problema deja de medirse en minas clandestinas y comienza a medirse en cadenas logísticas capaces de importar, almacenar, transportar y distribuir miles de toneladas de sustancias químicas, combustible, maquinaria y explosivos a través de corredores amazónicos que cruzan varios países.
La principal consecuencia de este cambio es que los Estados siguen organizando su respuesta en torno a delitos individuales, mientras que las organizaciones criminales construyen capacidades que luego aplican de forma simultánea a la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando o la trata de personas. Destruir un campamento o decomisar una carga de oro produce efectos tácticos. Interrumpir las cadenas logísticas que sustentan esas actividades tiene efectos estratégicos.
En ese contexto, la situación venezolana adquiere una importancia que trasciende sus fronteras. La pérdida del control efectivo del territorio, la consolidación del Arco Minero del Orinoco como plataforma criminal y la tolerancia, cuando no la cooperación, de sectores del aparato estatal con organizaciones armadas irregulares permitieron la construcción de una infraestructura logística cuya influencia hoy se proyecta sobre buena parte de América Latina.
Mientras esa plataforma continúe operando, cualquier éxito obtenido contra la minería ilegal en otros países será necesariamente parcial y transitorio. La recuperación del control efectivo del territorio venezolano no constituye únicamente un desafío para el futuro del país; es una condición estratégica para debilitar el ecosistema criminal que hoy alimenta la expansión de la minería ilegal en toda la región.
