The Daily Journal.— La organización Transparencia Venezuela publicó recientemente un informe técnico sobre la gestión estatal de la emergencia provocada por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó el centro-norte del país el pasado 24 de junio.
La investigación titulada «La insuficiente respuesta estatal: El desastre ocurrió antes del terremoto» contrasta la actuación del Estado venezolano con los estándares internacionales INSARAG y Sphere, así como con cinco desastres comparables.
El texto sostiene que «la brecha existe, no se explica por la magnitud del sismo (cuya energía es comparable a la de Turquía-2023 y China-2008) y coincide con un deterioro institucional previo».
Velocidad de despliegue y rescate especializado
El informe expone que en las primeras 24 horas el Estado desplegó 4.000 funcionarios civiles y militares, lo que representó el 12,6% del pico máximo de 31.837 efectivos reportado en el parte oficial del 12 de julio. El documento señala además que este máximo de personal se alcanzó el día 18 posterior al evento.
Asimismo, el reporte indica que «el propio dato oficial de las 48 horas es inestable: ante la prensa internacional, el 2 de julio, la presidenta interina Delcy Rodríguez informó de un despliegue de 14.000 personas, pero también habló de 11.000 funcionarios».
Al comparar la respuesta con la de otros países, la publicación refiere que en el terremoto de Chile de 2010 se movilizó más del 71% del pico de efectivos a las 48 horas, frente a un estimado de 35% registrado en Venezuela en ese mismo lapso.
Respecto a las labores de salvamento, la organización señala que la búsqueda especializada dependió mayoritariamente de la cooperación internacional.
«La mayor parte de las personas salvadas lo fue mediante auto evacuación y rescate local durante las primeras 48 horas», indica el texto, añadiendo que el contingente internacional alcanzó un pico cercano a 3.600 rescatistas especializados, con un registro de OCHA al día 10 de 2.431 efectivos en 67 equipos de 29 países.
Evaluación de daños
En cuanto a la evaluación de los daños materiales en la infraestructura, el reporte expone diferencias considerables entre el registro administrativo del Estado y las estimaciones desarrolladas por organizaciones e iniciativas independientes. Mientras la cifra oficial del gobierno venezolano contabilizó un total de 856 edificaciones afectadas a nivel nacional, los monitoreos satelitales y tecnológicos reflejan un impacto estructural más amplio.
Por un lado, el servicio de emergencias Copernicus de la Unión Europea cartografió aproximadamente 1.054 edificios con daños, desagregados en 606 estructuras destruidas y 448 con afectaciones severas. Por su parte, la división Microsoft AI for Good Lab detectó 10.510 inmuebles con algún grado de compromiso físico mediante el uso de modelos de visión por computador aplicados a imágenes aéreas.
Asimismo, la proyección con mayor alcance fue la elaborada por la NASA/JPL a través de su proxy de radar sobre el satélite Sentinel-1, cuya medición probabilística estimó cerca de 58.870 edificaciones dañadas en todo el territorio nacional.
Ausencia de datos
En cuanto al registro de personas sin contacto, el reporte cita que plataformas ciudadanas independientes registraron rangos de 46.000 a 54.000 desaparecidos, mientras que la administración de Delcy Rodríguez se ha negado a dar información al respecto.
Las estimaciones gubernamentales indican que el día del doblete sísmico se encontraban en la zona cero alrededor de 30.000 personas. Hasta ahora el balance oficial señala que más de 5.000 murieron y alrededor de 20.000 salvaron la vida; entre estas últimas, 6.462 fueron rescatadas por equipos de salvamento nacionales e internacionales.
En su reporte, la organización recordó que el doblete sísmico encontró al país con un sistema de salud colapsado. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024, antes del sismo, solo el 40% de los quirófanos estaban operativos; existía un 74% de desabastecimiento de insumos quirúrgicos y un 60% de los centros hospitalarios carecía de agua corriente de forma continua.
«La fragilidad estatal venezolana no es de origen material: es una capacidad erosionada, no ausente», concluye el documento.
