The Daily Journal .- El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) solicitó este miércoles la mediación de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, ante los poderes ejecutivos nacional y municipal. La petición busca fijar un lapso perentorio de 24 horas para realizar evaluaciones técnicas a los ascensores, otorgando además un día adicional a las juntas de condominio para reactivar el servicio.
Consecuencias de la paralización prolongada
Richard Casanova, vicepresidente del CIV, denunció que la inactividad de los elevadores acumula casi un mes tras el reciente sismo. Esta situación responde a diversas trabas burocráticas y al temor a posibles sanciones gubernamentales.
En consecuencia, la falta de transporte vertical genera un confinamiento indirecto en los edificios. Dicha contingencia afecta gravemente la calidad de vida, el abastecimiento de insumos y la atención de emergencias médicas de adultos mayores.
Propuestas para agilizar el servicio
Con el fin de superar esta contingencia, el gremio presentó una serie de recomendaciones técnicas. En primer lugar, planteó suspender temporalmente la certificación de Sencamer ante su incapacidad para atender la demanda masiva. Por esta razón, proponen autorizar la operación mediante el Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
La institución instó a prohibir cobros adicionales por las inspecciones postsismo, ya que estas forman parte de las obligaciones de mantenimiento. Asimismo, recordó que normativas internacionales establecen una ventana de hasta 72 horas para inspeccionar y reactivar los equipos con seguridad.
Advertencia sobre responsabilidades legales
El CIV hizo un llamado de atención a las autoridades y juntas de condominio sobre las consecuencias legales de la inacción. También advirtió que obstaculizar la atención médica o mantener decisiones infundadas puede derivar en responsabilidades civiles, administrativas y penales si ocurren lesiones o pérdidas humanas.
