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Julio A. López, editor jefe.- Vivimos una época en la que el poder económico parece haber dejado de reconocer límites. La rentabilidad se impone a la transparencia, el interés financiero desplaza al interés público y la opacidad deja de ser una excepción para convertirse en la norma. Ya no se trata únicamente de gobiernos o grandes corporaciones; incluso instituciones que administran bienes de enorme valor social y cultural parecen sucumbir a la misma lógica. La FIFA, el organismo que gobierna el deporte más popular del planeta desde su sede en Suiza, atraviesa uno de los momentos de mayor cuestionamiento de su historia reciente.
Bajo la presidencia de Gianni Infantino, las críticas por la concentración de decisiones, la escasa consulta a las confederaciones continentales y la creciente comercialización del fútbol han dejado de ser un asunto interno para convertirse en un debate mundial.
La oposición pública expresada por la UEFA y, más recientemente, por la Confederación Asiática de Fútbol —históricamente una de las principales aliadas de Infantino— revela que la controversia ya no gira únicamente en torno a la administración de la FIFA, sino también a la naturaleza misma de la institución y al futuro de su gobernanza.
La iniciativa que hoy divide al fútbol mundial consiste en crear una nueva empresa comercial, denominada FIFA Forward Enterprise, a la que se transferirían los principales activos generadores de ingresos de la organización —derechos audiovisuales, patrocinios, licencias, venta de entradas y otros negocios comerciales—. Sobre esa nueva estructura, la FIFA propone vender hasta un 20 % de participación a inversionistas privados, en una operación que valora la empresa en alrededor de 20.000 millones de dólares y podría recaudar más de 4.000 millones de dólares. FIFA sostiene que conservará el control mayoritario y que los recursos servirán para fortalecer financieramente a sus 211 federaciones afiliadas.
Sin embargo, es precisamente allí donde comienzan las preguntas que ningún dirigente deportivo debería desestimar. Entre los inversionistas que liderarían la operación figura Thrive Capital, la firma fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También participan JPMorgan como asesor financiero y otros actores de Wall Street. Nadie discute el derecho de estos inversionistas a realizar negocios; lo que está en discusión es si una organización que gobierna el deporte más popular del mundo debe abrir la puerta a que intereses privados adquieran participación económica en el corazón comercial del fútbol.
La preocupación trasciende la identidad de los inversionistas. Si el negocio más rentable de la FIFA comienza a responder, aunque sea parcialmente, a accionistas cuyo objetivo natural es maximizar el retorno de su inversión, ¿quién garantizará que las futuras decisiones deportivas no terminen subordinadas a criterios estrictamente financieros? ¿Dónde termina la misión de administrar el fútbol mundial y dónde comienza la lógica de una corporación cuyo principal compromiso es aumentar el valor de sus activos?
Quizás ese sea el verdadero debate. No se trata simplemente de vender una participación accionaria, sino de redefinir la naturaleza de una institución creada para gobernar un deporte y no para comportarse como un conglomerado financiero global.
Cuando la transparencia disminuye, las decisiones se concentran y los intereses económicos adquieren un peso creciente; la confianza deja de ser un activo intangible y comienza a convertirse en la primera víctima.
La historia demuestra que las grandes crisis institucionales nunca comienzan con un escándalo; comienzan cuando el negocio deja de reconocer límites y quienes deberían custodiar una institución empiezan a administrarla como si fuera un activo privado.
