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Julio A. López, editor jefe. — Para nuestra audiencia internacional no resulta sencillo entender cómo dos grupos cuya legitimidad es objeto de profundas controversias pretenden sentarse a negociar, una vez más, el futuro de un país que difícilmente puede sentirse representado por ellos.
La actual Asamblea Nacional venezolana arrastra serios cuestionamientos políticos e institucionales. Su existencia en un sistema cuya legitimidad democrática ha sido ampliamente disputada impide presentársela sin reservas como expresión genuina de la voluntad popular. Estos representantes tienen tanta legitimidad electoral como el gobierno de Nicolás Maduro.
En la otra acera aparece la Asamblea Nacional elegida en 2015. Aquella elección sí produjo un mandato popular inequívoco. Pero fue un mandato otorgado hace más de una década. Ningún ciudadano votó entonces para otorgar la representación eterna. La continuidad institucional puede discutirse jurídicamente; convertirla en representación electoral perpetua es algo muy distinto. Aunque algunos leguleyos pretendan justificar que su mandato se prolongue hasta la elección de una nueva representación, semejante argumento choca frontalmente con el sentido común de los electores y con el principio elemental de que ningún mandato popular puede considerarse indefinido.
Dejada al descubierto la escasa o nula legitimidad electoral y moral de quienes se reunirán —el noveno intento de diálogo desde 2014, ninguno con resultados duraderos—, corresponde preguntar por el fondo: ¿qué van a discutir? Hasta ahora reina el hermetismo o una opacidad con esteroides.
Tenemos así una paradoja extraordinaria: actores con legitimidades discutidas amenazan con reunirse para decidir el destino de millones de venezolanos. ¿Para hablar de qué? ¿Quién estableció la agenda? ¿Las conversaciones serán públicas y podrán seguirlas los venezolanos en tiempo real o estaremos nuevamente ante un cónclave político celebrado a espaldas del país para repartirse los escombros de una nación destruida?
La transparencia no es un detalle. Es la primera prueba de credibilidad.
Resulta, además, difícil hablar seriamente de democracia, reconciliación y elecciones mientras exista un solo preso encarcelado por motivos políticos. La libertad no puede convertirse en una ficha de negociación que alguien entrega a cambio de concesiones.
Pero todavía existe una contradicción más dolorosa: Mientras los políticos más desprestigiados de la historia de Venezuela discuten cuotas, reconocimientos y mecanismos políticos, miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de los terremotos que golpearon el país; a pocos kilómetros de los lugares donde probablemente se celebrarán reuniones y conferencias de prensa, permanecen comunidades destruidas y familias que esperan respuestas. Esa debería ser la emergencia nacional.
El venezolano común no se pregunta qué grupo ocupará determinada silla en una negociación. Está intentando sobrevivir. Se pregunta cuánto cuesta comer mañana, cómo pagar una medicina, cuándo volverá a funcionar con normalidad su comunidad y si alguna vez las instituciones volverán a responder al ciudadano.
Allí radica la obscenidad política del momento: pretender que el problema fundamental de Venezuela consiste en encontrar una mesa lo suficientemente grande para sentar a quienes llevan años hablando entre sí.
En el fondo, siguen ganando quienes hoy controlan el aparato del Estado y sus nuevos aliados internacionales, que necesitan mostrar avance sin ceder poder real. A los ciudadanos comunes, mientras tanto, se les entrega, como distracción, una palabra ya usada muchas veces sin fruto: “diálogo”.
El diálogo no es malo. Lo perverso es utilizar la palabra “diálogo” como anestesia política, como mecanismo para ganar tiempo o como escenario para repartir espacios de poder sin consultar a quienes deberán vivir con las consecuencias.
Para el venezolano golpeado por apagones, salarios de hambre y una economía de guerra —mientras el petróleo represado sigue sin inyectarse en un plan de emergencia real, y las petroleras extranjeras que buscan invertir chocan, según reportó recientemente el Wall Street Journal, contra un muro de trabas—, es una inmoralidad que le digan que un grupo de políticos que nadie reconoce como verdaderos representantes de nada definirá su destino en una mesa sin transparencia.
Antes de discutir cargos, cuotas o arquitecturas institucionales, Venezuela necesita medidas verificables: libertad para todos los presos políticos, transparencia absoluta sobre la venta del petróleo venezolano —recursos que nadie sabe dónde están— y un programa de emergencia que movilice esos fondos hacia la reconstrucción y la recuperación económica, y que por fin llegue a un plan que haga la supervivencia diaria de la mayoría un poco menos brutal.
