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Julio A. López, editor jefe.- Venezuela necesita inversiones. Necesita capital, tecnología, experiencia, mercados y empresas capaces de devolver a su industria de hidrocarburos la dimensión que alguna vez tuvo. Por eso hemos respaldado la apertura petrolera y gasífera y vemos positivamente los contratos que permitan desarrollar recursos que durante años permanecieron bajo tierra mientras el país se empobrecía.
Lo ocurrido hoy con el campo de gas Lorán demuestra el tamaño de la oportunidad. BP obtuvo, junto con XRG —el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, la empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos— y UCC, una licencia para desarrollar la segunda fase del campo. Las tres compañías tendrán participaciones iguales y el proyecto comprende hasta 4 billones de pies cúbicos de gas. Shell ya había recibido en junio la licencia correspondiente a la primera fase.
Es una buena noticia. Como también lo será cada contrato que consiga aumentar la producción, recuperar infraestructura, generar empleo, incorporar tecnología, desarrollar gas, petróleo y petroquímica y devolver a Venezuela un lugar relevante en los mercados energéticos internacionales.
En esto debería existir un amplio consenso nacional. El petróleo y el gas no tienen ideología. Un pozo produce independientemente de quién gobierne y una inversión beneficia al país cuando genera empleo, impuestos, regalías, producción y actividad económica.
Pero precisamente porque respaldamos la apertura debemos exigir algo elemental: transparencia absoluta.
Los contratos de hidrocarburos no pueden convertirse en documentos conocidos únicamente por ministros, funcionarios, abogados y las compañías que los firman. Los recursos que se negocian no pertenecen al gobierno de turno ni a quienes, circunstancialmente, administran el Estado. Son recursos de Venezuela.
Y la transparencia debe comenzar antes de firmar el contrato.
Los bloques de petróleo y gas deberían ofrecerse al mejor postor mediante procesos competitivos, públicos y totalmente transparentes, con reglas previamente conocidas y criterios técnicos, financieros y operativos verificables. Venezuela debe procurar atraer al mayor número posible de compañías calificadas y permitir que compitan por sus recursos en igualdad de condiciones.
De lo contrario, entregamos a burócratas y políticos facultades extraordinarias para decidir no solamente las condiciones bajo las cuales las empresas transnacionales explotan nuestros hidrocarburos, sino también algo todavía más delicado: quién entra, quién queda fuera y bajo qué condiciones participa cada empresa.
Ese poder discrecional abre inevitablemente la puerta al favoritismo, a los privilegios y a la corrupción. Cuando varios interesados buscan desarrollar un mismo bloque, la decisión no debería depender ni de una oficina ni de la voluntad de un funcionario. Debe depender de una competencia transparente que permita determinar qué propuesta ofrece mayores inversiones, mejor tecnología, mayor producción y mejores condiciones económicas para Venezuela.
Después viene una segunda obligación: publicar los contratos.
Los venezolanos tienen derecho a conocer quién recibe una licencia, qué participación obtiene, cuánto invertirá, cuáles son las regalías, qué impuestos pagará, qué compromisos asume, cuánto durará el contrato, en qué condiciones puede modificarse y cuáles son las obligaciones del Estado.
No estamos inventando un principio revolucionario. Venezuela atraviesa un momento en el que esa transparencia resulta indispensable. La reforma de hidrocarburos aprobada este año abrió un proceso de migración y de negociación de contratos con compañías nacionales e internacionales. Chevron, Eni, Repsol y otros operadores participan en este nuevo escenario, mientras nuevos inversionistas evalúan su entrada al país.
Cuanto mayor sea el interés internacional, mayor debe ser la transparencia.
No cuestionamos que se firmen contratos. Todo lo contrario: queremos muchos. Queremos estadounidenses, europeos, árabes y asiáticos compitiendo por invertir miles de millones de dólares en Venezuela. Pero precisamente por eso queremos competencia.
La transparencia también protege al gobierno y a las empresas. Una licitación abierta reduce las sospechas; un contrato público permite comparar condiciones; y ambos fortalecen la seguridad jurídica y demuestran que nadie recibió privilegios ocultos.
La línea que separa una verdadera apertura económica del reparto de un botín puede ser extremadamente delgada.
Esa línea tiene un nombre: transparencia.
Los bloques deben competir por el mejor inversionista, y los inversionistas, por los bloques.
El petróleo y el gas están bajo tierra. Las ofertas deben hacerse frente a todos y los contratos deben quedar a la vista.
Sin transparencia no hay contrato. Hay repartición del botín.
