Audio: https://clyp.it/1wwunadi
Julio A. López, editor jefe. – Venezuela no logró completar, dentro del plazo previsto, la adecuación de todos sus contratos petroleros al nuevo marco legal del sector. Según información publicada el 20 de agosto y recogida este viernes, el proceso para ajustar los acuerdos vigentes a la Ley Orgánica de Hidrocarburos reformada en enero de 2026 no concluyó dentro del plazo legal: únicamente se habrían cerrado los contratos principales, mientras que varios acuerdos secundarios continúan en negociación y podrían requerir algunos meses adicionales para resolverse.
La reforma, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.978 del 29 de enero de 2026, estableció expresamente un plazo de 180 días para que los Contratos de Participación Productiva y otros modelos previamente suscritos bajo el régimen anterior se adecuaran al nuevo esquema normativo, sin que ello implicara una desmejora de las condiciones ya pactadas entre las partes. Ese periodo, contado desde la entrada en vigor de la ley, ya venció, lo que deja a Venezuela formalmente fuera del cronograma que ella misma se impuso.
Una reforma histórica en medio de una transición política
La nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos representa el cambio más profundo al marco petrolero venezolano en dos décadas: sustituye el régimen surgido en 2001-2006, marcado por el control estatal mayoritario, y abre la puerta a una mayor participación de capital privado y extranjero, con empresas mixtas, seguridad jurídica reforzada, mecanismos de arbitraje internacional y una cláusula de equilibrio económico-financiero que protege a los inversionistas ante cambios legales o fiscales futuros.
La reforma fue aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada el 29 de enero de 2026, en medio de una inédita transición institucional: el proceso se desarrolló pocas semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente Nicolás Maduro y bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. Ese contexto ha llevado a diversos analistas y a antiguos funcionarios petroleros —como el exministro Rafael Ramírez, cercano al chavismo original— a cuestionar tanto la legitimidad del proceso como el hecho de que, a su juicio, la reforma desmonta buena parte de la nacionalización petrolera impulsada por Hugo Chávez hace casi dos décadas.
Por qué importa
El retraso en la migración contractual prolonga la incertidumbre jurídica precisamente para los operadores que ya trabajan en Venezuela, en un momento en el que el Gobierno adjudica simultáneamente nuevos proyectos a otros participantes bajo las reglas del nuevo régimen. Esto genera una convivencia incómoda entre dos marcos legales: uno nuevo, ya vigente y aplicado a las adjudicaciones recientes, y uno anterior, que sigue rigiendo de facto a los contratos secundarios todavía sin adecuar.
La propia ley había anticipado gran parte de esta complejidad técnica: de los 35 artículos que componen la reforma, se modificaron nueve artículos existentes y se incorporaron doce enteramente nuevos, varios de los cuales entraron en vigor de forma escalonada, 60 días después de su publicación, es decir, hacia finales de marzo de 2026.
En julio de 2026, el Ejecutivo venezolano publicó, además, el reglamento de la ley (Gaceta Oficial N.° 7.052) junto con una resolución sobre el nuevo Impuesto Integrado de Hidrocarburos, piezas normativas que resultaban necesarias para completar la adecuación de los contratos y que llegaron ya avanzado el año, lo que ayuda a explicar por qué el proceso de migración se ha extendido más allá del plazo original de 180 días.
Para Pdvsa y sus socios privados, la falta de cierre definitivo de los acuerdos secundarios implica mantener condiciones operativas ambiguas justo cuando el país intenta capitalizar el nuevo marco legal para atraer inversión fresca y revertir años de declive en su producción petrolera, que llegó a superar los tres millones de barriles diarios en la década de los noventa y hoy opera muy por debajo de esa capacidad histórica.
