The Daily Journal – El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Christian Castro, se entregó el jueves a las autoridades federales y compareció ante un tribunal al día siguiente para enfrentar una acusación por presuntas declaraciones falsas en relación con el tiroteo que hirió al migrante venezolano Julio César Sosa-Celis.
Se trata de la primera ocasión en que el Departamento de Justicia presenta cargos contra un agente en activo por distorsionar los hechos en el marco de una operación migratoria que ha generado amplia controversia a nivel nacional.
La acusación federal se suma a los cargos que ya pesaban contra Castro por parte de la fiscalía estatal de Minnesota, que en mayo lo imputó por agresión agravada y por la presentación de un informe falso.
Sin embargo, el proceso estatal había quedado en un limbo jurídico durante varias semanas, luego de que el gobernador de Texas se negara a autorizar de inmediato la extradición del agente, quien permanecía recluido en una cárcel texana.
Con la intervención del ámbito federal, este obstáculo procesal ha quedado resuelto para que Castro responda por su presunta responsabilidad penal.
Los hechos se remontan a principios de año, cuando los agentes intentaron detener una camioneta conducida por Alfredo Alejandro Aljorna, primo de Sosa-Celis y repartidor de la plataforma DoorDash.
Aljorna eludió el control y se dirigió al apartamento de su primo, quien le abrió la puerta para resguardarlo. Según la reconstrucción de los fiscales, Sosa-Celis cerró con llave la entrada, momento en el que Castro efectuó un disparo que atravesó la puerta e impactó en la parte posterior de la pierna del migrante.
«Cerré la puerta y, mientras la estaba cerrando con llave, escuché el disparo y fue entonces cuando me di cuenta de que me habían disparado», declaró posteriormente la víctima a CNN desde un centro hospitalario.
Inicialmente, las autoridades habían acusado a Sosa-Celis y a su primo de agredir a los agentes con una pala para nieve y el palo de una escoba, pero esos cargos fueron retirados después de que los investigadores revisaran las imágenes de vigilancia del lugar.
Las grabaciones contradijeron abiertamente la narrativa de los oficiales, lo que llevó a la suspensión administrativa de Castro y de otro agente involucrado, así como a la apertura de una investigación interna por parte del Departamento de Justicia.
El entonces director de ICE, Todd Lyons, confirmó que se estaban indagando las «declaraciones falsas» realizadas bajo juramento.
A pesar de los avances en la causa, el Departamento de Justicia aún no ha definido si presentará cargos por violación de derechos civiles contra Castro, una decisión que ha generado fuertes tensiones dentro de la propia institución.
El fiscal federal Matthew Evans, quien impulsaba esa línea acusatoria más severa, fue despedido y ahora se encuentra bajo investigación por una supuesta obstrucción a las diligencias del gran jurado.
Una fuente cercana al caso aseguró que aún no existe una resolución definitiva sobre este extremo, mientras que la defensa de la víctima ha manifestado su malestar con la estrategia adoptada por el gobierno federal.
La abogada de Sosa-Celis, Robin M. Wolpert, calificó la acusación actual como insuficiente. «Aunque las pruebas respaldan firmemente la presentación de cargos por violación de los derechos civiles, el gobierno federal formuló cargos que no reflejan la gravedad real del caso», afirmó en un comunicado.
«El señor Sosa-Celis quiere que el señor Castro responda plenamente por sus delitos», añadió la letrada, insistiendo en que el disparo a través de una puerta cerrada no tuvo justificación en legítima defensa.
Por ahora, el agente enfrenta los cargos por declaraciones falsas, mientras la comunidad migrante y las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la atención sobre el desarrollo de este proceso judicial sin precedentes en el estado de Minnesota.
Con información de CNN.
