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Alejandro J. Sucre.- El acuerdo entre Washington y North American Blue Energy Partners (NABEP) es, en el mejor sentido, un primer paso. Estados Unidos participa con un 35% en una empresa que promete desarrollar 65.000 millones de barriles en 17 campos venezolanos. Es histórico.
Sin embargo, Venezuela no tiene 65.000 millones de barriles de oportunidad: tiene más de 300.000 millones en reservas probadas, además, está entre los diez países con mayores reservas de gas del mundo y posee depósitos de oro que apenas comienzan a incorporarse seriamente a las conversaciones sobre el futuro del país. En total, Venezuela cuenta con más de $20 trillones en recursos naturales comercializables. Este negocio con NABEP comienza impulsando una fracción de unos $3 trillones. Es un gran comienzo y seguro que NABEP va a tener que incorporar más empresas, pero no es suficiente. Es una prueba de concepto.
Y ahí en este acuerdo se plantea la primera oportunidad que Venezuela puede ofrecerle a Washington, y que sólo Trump puede visualizar.
Venezuela puede dar espacio a muchas más empresas como NABEP. Más de 300 empresas estatales y activos de base extractiva operan por debajo de su potencial. Operadores medianos, venezolanos y estadounidenses, deben incorporarse para reactivarlos. Debemos crear los vehículos y los equipos de trabajo adecuados para impulsar esa nueva y enorme economía. Venezuela puede ser más grande que Texas y hacer que Texas sea más grande. El vacío está precisamente en impulsar sistemáticamente al operador mediano.
Convertir esos activos subutilizados de Venezuela en una clase de activos invertibles en los mercados de capital estadounidenses es el verdadero reto. Esto ampliaría la participación más allá de los grandes jugadores y democratizaría el acceso.
Pero el capital por sí solo no basta. La otra restricción, más difícil de cuantificar, es la que erosiona el retorno de cualquier inversión que se haga en el país: ineficiencias monetarias, fiscales y laborales y, sobre todo, un patrón de comportamiento tribal —redes de patronazgo, extorsión e interferencia obstructiva — que históricamente ha desviado o bloqueado la inversión en Venezuela. Necesitamos y proponemos un Plan de Prosperidad Estados Unidos–Venezuela.
La segunda pieza del enfoque de Washington en Venezuela es crear una oficina con sede en el país, encargada de gestionar, supervisar su implementación, articular el diálogo con las autoridades, los actores democráticos, la sociedad civil, el sector laboral y los gremios empresariales, e identificar las prácticas parroquiales y facciosas que han desviado la inversión en el pasado.
Su función no sería simbólica. Debe fortalecerse la protección del inversionista hasta que Venezuela deje de ser un riesgo excepcional y se convierta en un mercado emergente ordinario.
Ni el sector privado venezolano ni el liderazgo político de la oposición ni el gubernamental tienen hoy, por sí solos, la capacidad institucional, la experiencia técnica o la visión estratégica unificada para ejecutar un plan de esta escala. Reconocerlo no es debilidad: es la condición previa para que el apoyo directo de Washington, bajo una administración dispuesta a comprometerse, sea una necesidad práctica y no una preferencia ideológica. La credibilidad no se construye negando las carencias propias, sino reconociéndolas y creando un vehículo capaz de gestionarlas.
El beneficio para EE. UU. es significativo al incorporar más ampliamente a los sectores de medianas empresas de EE. UU. y de Venezuela. Solo el sector de servicios petroleros y gasíferos agregaría entre $50.000 y $80.000 millones al PIB estadounidense durante una década y generaría más de 20.000 empleos concentrados en los estados productores de energía.
Wall Street y los mercados de capital también captarían una porción significativa del nuevo PIB: entre $10.000 y $20.000 millones en ingresos por estructuración financiera, asesoría y colocación de instrumentos, además de unos $30.000 millones en flujos de capital privado destinados a la reconstrucción venezolana. Ingeniería, logística y transporte marítimo podrían generar otros $10.000 millones en contratos y empleo en Estados Unidos.
La aviación y el turismo, aunque de menor escala, tampoco son despreciables: generan alrededor de $500 millones anuales en ingresos para las aerolíneas estadounidenses y para la economía turística de Florida. Y existe otra cuenta pendiente: la devolución de activos expropiados podría representar hasta $10.000 millones en utilidades recuperadas para las empresas estadounidenses.
El impacto total estimado —entre $100.000 y $150.000 millones sobre el PIB estadounidense y entre $30.000 y $50.000 millones sobre su cuenta corriente— no es una cifra decorativa.
Ese es el beneficio de reimaginar la relación entre Estados Unidos y Venezuela mediante la empresa privada.
@alejandrojsucre
