The Daily Journal.– La Asamblea Nacional de Venezuela inició este martes la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria del Protocolo de 1997, que incorpora el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), un instrumento destinado a establecer controles sobre las emisiones contaminantes generadas por el transporte marítimo.
El proyecto forma parte de la agenda legislativa de la sesión de este 29 de septiembre y busca actualizar el marco jurídico venezolano en materia de contaminación atmosférica producida por embarcaciones.
El Anexo VI de MARPOL establece reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques y contempla controles sobre contaminantes como los óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx), además de medidas relacionadas con la eficiencia energética y las emisiones de gases de efecto invernadero.
La incorporación del protocolo permitiría a Venezuela reforzar las herramientas regulatorias para supervisar las emisiones de las embarcaciones que operan en sus aguas y puertos, en línea con las normas internacionales aplicables al transporte marítimo.
Más exigencias para el transporte marítimo
El Anexo VI de MARPOL fue adoptado en 1997 como un protocolo adicional al convenio internacional de 1973, modificado por el protocolo de 1978. Su objetivo inicial fue establecer límites a determinados contaminantes procedentes de los gases de escape de los buques. Posteriormente, sus disposiciones han sido ampliadas para incorporar medidas de eficiencia energética y reducción de gases de efecto invernadero.
Entre las materias reguladas figuran los límites a las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, así como requisitos técnicos relacionados con los motores y el combustible utilizado por las embarcaciones.
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha continuado actualizando el Anexo VI. Entre las modificaciones más recientes figuran disposiciones sobre zonas de control de emisiones, acceso a información sobre consumo de combustible y mecanismos vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero.
Para Venezuela, la discusión parlamentaria abre el proceso para incorporar formalmente estas obligaciones al ordenamiento jurídico nacional.
El desafío de la fiscalización
La discusión también pone el foco sobre la capacidad de las instituciones venezolanas encargadas de supervisar las actividades marítimas y portuarias. La incorporación de nuevos estándares de emisiones requiere sistemas de medición, procedimientos de inspección y capacidad técnica para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
«En Venezuela, organizaciones civiles y comunidades vinculadas a las zonas costeras han reclamado durante años una mayor capacidad de respuesta frente a problemas de contaminación asociados a la actividad petrolera y marítima», afirmó el activista Leonardo Salazar al ser consultado sobre el tema.
Para el ambientalista «la discusión del Anexo VI no solo supone una actualización normativa, sino también el desafío institucional de garantizar que las nuevas obligaciones puedan ser supervisadas y aplicadas efectivamente»
El proyecto deberá continuar ahora con el trámite legislativo correspondiente antes de su eventual aprobación definitiva y entrada en vigor.
