The Daily Journal.– El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, afirmó el domingo que el ajuste del ingreso mínimo integral anunciado el pasado 1 de mayo es una medida «absolutamente transitoria». Durante una entrevista en el programa «Abriendo Puertas», el funcionario explicó que el Ejecutivo prepara reformas estructurales para equilibrar el poder adquisitivo sin disparar la inflación.
«Estamos pidiendo confianza en el país, confianza a los trabajadores y trabajadoras a los efectos que entiendan que esta es una decisión absolutamente transitoria», subrayó Castillo, refiriéndose al esquema que recientemente fijó el ingreso mínimo integral en 240 dólares mensuales, basado mayoritariamente en bonificaciones.
El titular de la cartera laboral enfatizó que este ajuste es apenas el primer paso de una estrategia más amplia: «Ahora vamos a medidas más profundas, más estructurales con respecto al salario y con respecto a todos los beneficios sociales y laborales», adelantó.
El ministro defendió la prudencia del Gobierno al no aplicar un incremento directo al salario mínimo legal —el cual permanece congelado en 130 bolívares desde 2022—, argumentando que se busca evitar un impacto negativo en la economía.
«Responsablemente estamos conteniendo la posibilidad de dar un aumento irresponsable que vaya a disparar los precios», precisó, al tiempo que informó que mantienen mesas de diálogo con los sectores empresariales para garantizar el abastecimiento.
Cuestionamiento al sistema de prestaciones
Uno de los puntos más polémicos de la entrevista fue la mención a una posible reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Castillo fue enfático al señalar que el modelo actual de prestaciones sociales no es funcional en la práctica.
«Tenemos que buscar un sistema que de verdad sea sustentable tanto para el país, para los empresarios y también para los trabajadores; es decir, no podemos seguir con esa mentira de las prestaciones sociales», sentenció el ministro.
Castillo argumentó que el sistema actual, especialmente en el sector público, «nunca se ha cumplido», por lo que abogó por redactar una nueva normativa basada en la «realidad social» actual de Venezuela.
