The Daily Journal.– Los gremios y sindicatos docentes de las universidades públicas venezolanas ratificaron la convocatoria a un paro nacional de actividades de 24 horas para este martes 19 de mayo. La medida surge como respuesta directa al congelamiento salarial y a las irregularidades en la asignación del Bono de Responsabilidad Profesional, profundizando el conflicto entre el sector académico y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), que ha calificado la protesta como “incomprensible”.
La Asociación de Profesores de la UCV (APUCV) lideró los argumentos de la paralización tras evaluar los resultados de una reunión técnica sostenida el pasado 12 de mayo en la sede de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).
Según los voceros universitarios, el encuentro formal con las autoridades ministeriales «fue el resultado de una acción de protesta de los sindicatos y gremios del sector universitario convocada para manifestar nuestro rechazo al congelamiento del salario por más de cuatro años».
Los docentes criticaron que, pese a las declaraciones oficiales sobre el incremento de los ingresos públicos y el otorgamiento de nuevas licencias petroleras, la situación de los trabajadores sigue deteriorándose de forma acelerada.
Por su parte, el Ministerio para la Educación Universitaria lamentó la postura de los dirigentes sindicales a través de una declaración pública, en la que defendió las gestiones gubernamentales para proteger el poder adquisitivo de los educadores a través de asignaciones complementarias.
El despacho educativo consideró contradictorio el llamado a la paralización, argumentando que se da «luego de haberse fortalecido el ingreso de los docentes activos de todas las universidades, cancelado acreencias pendientes de años anteriores y establecido un cronograma formal de trabajo y diálogo».
El ente ministerial insistió en que las comisiones técnicas —integradas por el viceministro Yoel Amaya y el director de la OPSU, Ricardo Ríos— explicaron con transparencia las limitaciones presupuestarias que impiden un aumento salarial convencional, exhortando a mantener las aulas abiertas para no lesionar los lapsos académicos de los estudiantes.
La controversia escaló significativamente en torno al manejo del Bono de Responsabilidad Profesional, un pago que los gremios tildaron de “caótico, arbitrario y excluyente”. De acuerdo con la APUCV, los representantes del ministerio admitieron no poseer datos claros sobre las fallas de la asignación a pesar de haber transcurrido casi dos semanas desde su emisión en abril. Los profesores denunciaron que la bonificación dejó por fuera a obreros, empleados, personal contratado y jubilados, beneficiando apenas a una fracción minoritaria de la planta profesoral.
«El Bono de Responsabilidad Profesional que, unilateralmente el Gobierno decidió pagar exclusivamente a los docentes, solo lo cobró aproximadamente un 25% de los profesores universitarios», sentenció la organización gremial en su réplica escrita.
Ante los reclamos oficiales que exigen un retorno inmediato a la normalidad institucional, el sector docente defendió su derecho a la protesta recordando las precarias condiciones socioeconómicas en las que operan las casas de estudio superior en la actualidad.
«Los profesores universitarios llevamos más de una década trabajando de gratis, financiando la educación superior pública», señalaron.
