Audio: https://clyp.it/k0yxc3y5
María Alejandra Díaz. Abogada y defensora de DD.HH.- En todo Estado de Derecho existe un principio fundamental: ningún funcionario puede justificar actos contrarios a la Constitución alegando “obediencia debida”. En Venezuela, el artículo 25 de la Constitución establece que todo acto del Poder Público que viole derechos o quebrante el orden constitucional es nulo, y que los funcionarios que lo ordenen o ejecuten tienen responsabilidad individual, sin que puedan escudarse en órdenes superiores.
Por eso el debate sobre Alex Saab no se limita a una sola persona. El verdadero problema es cómo toda la estructura del Estado venezolano fue utilizada durante años para conferir legitimidad política, diplomática e institucional a una figura internacionalmente señalada por la corrupción y el lavado de dinero.
Desde 2020, el gobierno venezolano comenzó a presentar públicamente a Saab como “ciudadano venezolano”, “agente diplomático” y “enviado especial”. A partir de allí se activó una compleja cadena institucional: organismos de identificación, autoridades migratorias, estructuras diplomáticas, ministerios y medios oficiales respaldaron de manera coordinada esa narrativa. Incluso una vez detenido, se destinaron millones de dólares a una campaña a favor de su liberación. Miles de millones mientras la gente se moría de mengua.
La pregunta jurídica y política es inevitable: ¿Quién autorizó cada paso? ¿Quién firmó? ¿Quién emitió documentos? ¿Quién validó la nacionalidad? ¿Quién permitió que actuara oficialmente en nombre del Estado venezolano?
En democracia la responsabilidad no desaparece dentro de la burocracia. Cada funcionario responde por los actos que firma, ejecuta o avala. El artículo 137 de la Constitución establece, además, que toda autoridad está sometida a la Constitución y a la ley. Ningún órgano del Estado puede actuar fuera del marco legal ni convertir las instituciones públicas en instrumentos discrecionales del poder político.
Por ello resulta profundamente contradictorio que sectores del propio gobierno intenten ahora afirmar que la nacionalidad venezolana de Saab habría sido irregular o fraudulenta, después de años presentándolo oficialmente como diplomático, representante del Estado e incluso integrante del aparato gubernamental.
Esa contradicción plantea interrogantes aún más graves. Si la nacionalidad fue irregular, ¿cómo pudo operar durante años con reconocimiento oficial del Estado? ¿Quién autorizó la emisión de documentos? ¿Quién validó su condición diplomática? ¿Hubo abuso de poder? ¿Se utilizó el sistema de identificación y nacionalización de forma arbitraria con fines políticos?
La Constitución no solo establece responsabilidades individuales. También consagra principios esenciales del Estado democrático: la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el control del poder. El artículo 2 define a Venezuela como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, sustentado en la ética pública y la responsabilidad institucional.
Cuando las estructuras del Estado se utilizan para proteger intereses particulares o blindar políticamente a determinados actores, el daño trasciende cualquier coyuntura. Se erosiona la confianza ciudadana, se debilita la institucionalidad y se transforma el aparato público en una herramienta subordinada a intereses de poder.
El caso Saab plantea precisamente ese dilema. No se trata únicamente de determinar las responsabilidades individuales del empresario. Se trata de esclarecer cómo actuaron las instituciones venezolanas y hasta qué punto se utilizaron recursos, competencias y estructuras estatales para construir una protección política y diplomática en torno a una figura cuestionada internacionalmente.
Tampoco se trata de propaganda ni de revancha. El constitucionalismo moderno exige investigaciones con debido proceso y garantías jurídicas. Pero igualmente exige responsabilidad institucional. Ningún Estado democrático puede sostener que actos ejecutados durante años por múltiples organismos públicos se deban simplemente a que “nadie los autorizó”.
El problema central es el uso y abuso del poder. Porque cuando el Estado deja de actuar conforme a criterios de legalidad y comienza a operar según conveniencias políticas, el daño no lo paga un gobierno en particular. Lo termina pagando toda la República.
Y allí radica el fondo constitucional del caso: no basta con discutir sobre Alex Saab; es necesario discutir sobre la responsabilidad del poder y los límites que la Constitución impone a quienes gobiernan.
