The Daily Journal. — Un total de 40 organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto este sábado para expresar su preocupación ante la decisión del Ejecutivo nacional de militarizar el estado La Guaira, en el marco de la atención de la emergencia por el doble terremoto del pasado 24 de junio.
Las coaliciones firmantes señalaron que, si bien la prioridad absoluta de la contingencia debe centrarse en salvar vidas, la experiencia histórica de la nación en desastres socionaturales previos obliga a mantener una vigilancia estricta sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.
«La historia reciente del país obliga a mantener una vigilancia especial: La experiencia del deslave de 1999 no puede repetirse. Tras el deslave que devastó el estado Vargas en diciembre de 1999, numerosas organizaciones nacionales e internacionales documentaron graves denuncias de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la respuesta de emergencia», advirtieron las organizaciones en el texto.
Entre los precedentes citados por las ONG se encuentran denuncias históricas sobre detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, restricciones indebidas a la circulación y obstáculos para el libre ejercicio de los medios de comunicación y las organizaciones humanitarias independientes.
Alertas sobre la gestión de refugios temporales
El documento conjunto enfatizó que la fase posterior a la búsqueda de sobrevivientes implicará la atención a miles de familias damnificadas que perdieron sus viviendas, un área donde el bloque civil demandó evitar errores logísticos del pasado vinculados a fenómenos climáticos como La Niña.
«Miles de familias fueron trasladadas a refugios temporales que permanecieron abiertos durante años. En numerosos casos, esos espacios no reunían las condiciones previstas por los estándares internacionales (…) La respuesta humanitaria no puede reducirse a administrar indefinidamente la precariedad. Los refugios deben ser una medida excepcional, temporal y orientada desde el primer día hacia soluciones permanentes de vivienda», precisaron las agrupaciones.
El pronunciamiento recordó que, de acuerdo con el derecho internacional aplicable a situaciones de desastre, los derechos fundamentales no se suspenden y la asistencia debe suministrarse bajo principios de imparcialidad y neutralidad, brindando atención prioritaria a grupos vulnerables.
Al respecto, el documento conjunto establece de forma taxativa la exigencia de «que toda actuación de los cuerpos militares y de seguridad sea excepcional, proporcional, transparente y sometida a mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas», al tiempo que demanda de las instituciones gubernamentales «que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate, organizaciones humanitarias y organismos internacionales de asistencia» a los perímetros afectados.
Garantías judiciales y manejo técnico de los suministros
La coalición de organizaciones no gubernamentales también fijó posición respecto a eventuales detenciones civiles en zonas militarizadas y a los criterios que deben regir el flujo logístico de insumos.
El pronunciamiento técnico solicita a los cuerpos de seguridad «que toda persona detenida durante la emergencia sea puesta inmediatamente a disposición de las autoridades competentes, prohibiendo cualquier forma de desaparición forzada o detención arbitraria».
En el ámbito del soporte alimentario y médico para los miles de damnificados que se encuentran en el estado costero, el pliego de peticiones demanda de manera explícita «que la distribución de ayuda humanitaria se realice con criterios exclusivamente humanitarios, sin discriminación ni condicionamientos políticos», evitando el uso discrecional de las donaciones internacionales.
