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Jorge Leonardo Quijada Sánchez.- La firma del memorando de entendimiento entre GE Vernova y el Gobierno venezolano, anunciada en junio de 2026, puede marcar un punto de inflexión en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional. El acuerdo prevé incorporar 1.000 MW en los primeros 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años mediante la rehabilitación de activos de generación y transmisión hoy subutilizados.
Dentro de ese proceso, la culminación de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) adquiere una importancia estratégica. Ubicada sobre el río Caroní, en el estado Bolívar, Tocoma fue concebida como la última gran obra del complejo hidroeléctrico del Bajo Caroní. Su construcción comenzó en 2002 y su entrada en operación estaba prevista entre 2012 y 2014. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso debido a la corrupción, deficiencias en la planificación, retrasos contractuales, problemas de financiamiento, cambios en el alcance de las obras y la pérdida progresiva de capacidades técnicas e institucionales.
El resultado fue uno de los mayores sobrecostos de infraestructura de la historia venezolana y una importante pérdida de capacidad de generación para el país. Aunque no se ha informado cuánto del acuerdo con GE Vernova se orientaría específicamente a Tocoma, el entendimiento firmado sí apunta a la recuperación estructural del sistema eléctrico, por lo que la central aparece como uno de los activos con mayor potencial de impacto.
Desde el punto de vista técnico, la culminación de Tocoma podría aportar más de 2.000 MW de capacidad hidroeléctrica al sistema eléctrico venezolano. Además, acuerdos recientes vinculados al proyecto han mencionado hasta 2.640 MW de capacidad instalada. Esta energía renovable permitiría reducir la dependencia de la generación térmica costosa, disminuir el consumo de combustibles y mejorar la confiabilidad operativa de la red nacional.
Sin embargo, la ejecución exitosa del proyecto conlleva riesgos significativos. Entre ellos destacan la estabilidad política, la seguridad jurídica para inversionistas internacionales, la disponibilidad de financiamiento, los mecanismos de pago a proveedores, la recuperación de las redes de transmisión y la disponibilidad de personal técnico altamente especializado. A ello se suma la necesidad de transparencia en la administración de los recursos y de garantías contractuales que permitan atraer capital y tecnología a largo plazo.
Desde la perspectiva económica, GE Vernova podría beneficiarse de contratos de ingeniería, suministro de equipos, modernización tecnológica y servicios de mantenimiento. En experiencias comparables, el retorno de la inversión en este tipo de proyectos suele situarse entre siete y doce años, dependiendo de las condiciones regulatorias, financieras y operativas.
Los beneficios potenciales serían amplios. Venezuela obtendría mayor estabilidad eléctrica, una reducción de los apagones y mejores condiciones para la recuperación industrial y productiva. GE Vernova consolidaría su presencia en uno de los procesos de reconstrucción energética más relevantes de América Latina. Para Estados Unidos, el proyecto reforzaría la presencia tecnológica de sus empresas, impulsaría las exportaciones de alto valor agregado y contribuiría a la estabilidad económica regional.
La eventual participación de GE Vernova en la culminación de Tocoma representa, por tanto, una oportunidad histórica para transformar una obra emblemática de retrasos y sobrecostos en un activo estratégico para el desarrollo nacional. Si se garantizan la transparencia, el financiamiento sostenible y la seguridad jurídica, Tocoma podría convertirse en un símbolo de recuperación energética y de cooperación internacional para Venezuela durante la próxima década.
