The Daily Journal.— El recientemente designado Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, sostuvo el lunes una reunión de trabajo con representantes del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, con el objetivo de explorar áreas de cooperación institucional en materia de justicia y derechos humanos.
En el encuentro participaron Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, y María Angélica Alvarado, coordinadora de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público en sus canales oficiales, durante la reunión “se exploraron líneas de trabajo y áreas de cooperación que pueden desarrollarse para fortalecer la labor del Ministerio Público como parte del sistema de justicia penal”, con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y la protección de derechos fundamentales.
El organismo señaló que este tipo de acercamientos forma parte de una agenda institucional orientada al fortalecimiento de capacidades del sistema de justicia penal y a la promoción de garantías ciudadanas.
Observaciones internacionales al sistema de justicia
La reunión se desarrolla en un contexto en el que distintos mecanismos de Naciones Unidas han presentado observaciones sobre el funcionamiento del sistema de justicia venezolano, incluyendo al Ministerio Público.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha señalado en informes recientes, incluidos los correspondientes a 2025, la existencia de presuntas deficiencias estructurales en materia de independencia judicial, así como limitaciones en la investigación de denuncias de violaciones de derechos humanos.
Entre los aspectos mencionados en dichos informes se incluyen señalamientos sobre la atención de casos relacionados con detenciones, muertes bajo custodia y denuncias de tortura, así como el uso limitado de recursos judiciales como el habeas corpus en determinados procesos.
Estos reportes han sido presentados ante instancias del sistema de Naciones Unidas y forman parte del seguimiento internacional a la situación del sistema de justicia en el país.
