The Daily Journal.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles una denuncia formal ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la persistencia de detenciones por motivos políticos en Venezuela. Durante su intervención ante el Consejo Permanente, el organismo exigió la excarcelación inmediata de los ciudadanos privados de libertad bajo estas condiciones.
Derrumbe del estado de derecho
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, fue enfática al describir la gravedad de la situación institucional en el país. «La democracia no es un adorno del sistema interamericano, es su condición de posibilidad y la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del estado de derecho en Venezuela».
Esta sesión del Consejo Permanente se produce apenas pocos días después de que la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la paralización de los procesos de liberación vinculados a la ley de amnistía aprobada en febrero de 2026. Esta decisión ha generado un clima de tensión y duras críticas por parte de la comunidad internacional y diversos sectores sociales.
Obstáculos para la estabilidad regional
A la exigencia de la CIDH se sumó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien urgió a las autoridades venezolanas a agilizar la liberación incondicional de los detenidos. Según Ramdin, «toda persona detenida por sus posiciones y opiniones políticas representa un obstáculo para la misma estabilidad democrática y el progreso que la región necesita».
En cuanto a la implementación de la ley de amnistía, Reneaum advirtió sobre la ambigüedad de ciertas disposiciones que, aunque formalmente excluyen violaciones graves a los derechos humanos, podrían ser utilizadas contra sectores opositores. La secretaria ejecutiva señaló además una discrepancia alarmante en las cifras de beneficiarios: mientras el Gobierno reporta más de 8.000 personas favorecidas, organizaciones civiles solo confirman 186 libertades plenas. Otras 554 personas se mantienen bajo medidas cautelares, situación que la funcionaria calificó como una «libertad vigilada».
Presos políticos y presión diplomática
Datos de la ONG Foro Penal indican que actualmente existen 454 presos políticos en Venezuela, una cifra que incluye a 41 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad. Ante este panorama, el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Bernardo —promotor de la inclusión de este tema en la agenda—, insistió en la necesidad de que la CIDH realice una visita oficial al país para constatar las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.
Bernardo concluyó su intervención con una nota de cautela sobre el futuro del país: «Creo que hay una pequeña luz en Venezuela pero eso no significa que tengamos una luz de tranquilidad mientras todos los detenidos y desaparecidos estén en libertad».
Con información de EFE.
