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María Alejandra Díaz Marín. — La mentira más peligrosa no es la que se obliga a creer. Es la que consigue que la verdad deje de importar. Eso fue lo que advirtió Hannah Arendt al estudiar cómo las sociedades modernas terminaron aceptando formas extremas de dominación: no hacía falta convencer a todos de una misma mentira; bastaba con destruir la capacidad colectiva de distinguir entre la verdad y la propaganda. Esa lógica sigue viva.
Durante años, Washington presentó a Venezuela como una “dictadura narcoterrorista” gobernada por criminales, torturadores y mafias. Desde Donald Trump hasta Marco Rubio, el discurso fue siempre el mismo: el país estaba secuestrado por una estructura corrupta vinculada al narcotráfico y responsable de su destrucción.
Pero cuando llega la hora de actuar, ocurre algo revelador: no desmontan esa estructura; negocian con ella, se asocian, la alaban, la administran y terminan legitimándola políticamente. Ahí se derrumba toda la narrativa moral.
Si realmente creyeran que Venezuela está controlada por un aparato criminal, ¿cómo se explica que impulsen una “transición” sostenida por las mismas élites que durante años denunciaron como responsables de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos?
La respuesta es evidente: el problema nunca fue la democracia ni los derechos humanos. El verdadero objetivo siempre fue el control geopolítico y energético.
Trump jamás actuó como un libertador. Actuó como un administrador imperial que decide qué gobiernos sirven a los intereses estratégicos de Washington y cuáles deben rendirse.
La Doctrina Monroe nunca desapareció; simplemente se modernizó. Hoy ya no se habla abiertamente de colonias, sino de “transición”, “estabilización” o “seguridad hemisférica”. Pero el principio sigue intacto: América Latina debe permanecer subordinada a los intereses estadounidenses.
Las declaraciones de Rubio lo confirman con brutal claridad. Cuando afirma que “por primera vez en más de una década la riqueza de Venezuela beneficia al pueblo”, no está defendiendo la soberanía venezolana. Está admitiendo un esquema de tutela extranjera sobre la renta petrolera del país. Eso no es recuperación nacional. Eso es administración colonial de recursos estratégicos.
Estados Unidos controla cuánto se vende, cómo se vende y bajo qué condiciones se administra la principal riqueza nacional venezolana. Piratería moderna con lenguaje tecnocrático. Los nuevos piratas del Caribe ya no usan galeones; usan sanciones, bloqueos financieros, cuentas supervisadas desde Wall Street y guerras para eludir su decadencia moral: una dirigencia política socia del pedófilo de la isla de Epstein y dirigida como títeres por el genocida de Netanyahu.
El cinismo alcanza niveles grotescos cuando Rubio presenta salarios miserables como si fueran bienestar social. Mientras habla de “beneficiar al pueblo”, millones de maestros, médicos y trabajadores públicos sobreviven con ingresos que no alcanzan para cubrir la alimentación, el transporte o las medicinas. Pagar salarios de hambre no es justicia social. Es apenas administración de la miseria.
Confunden deliberadamente la asistencia mínima con la recuperación nacional. El verdadero beneficio para el pueblo venezolano sería salarios dignos, recuperación industrial, servicios públicos funcionales, autonomía productiva, reinstitucionalización, elecciones libres y control soberano de los recursos nacionales. Pero esa no es la lógica del proyecto estadounidense sobre Venezuela.
La narrativa de Rubio busca instalar una idea profundamente colonial: que Venezuela solo puede administrar “correctamente” su petróleo bajo la supervisión de Washington. Que los venezolanos necesitan tutores extranjeros para gestionar sus propios recursos. Como si ellos fueran mejores administradores. Basta con ver a los 50 millones de pobres que tienen para demostrar su incapacidad para servir al pueblo norteamericano.
Y lo más grave es el doble rasero político: Trump pretende presentarse como enemigo del “narco-régimen” mientras impulsa acuerdos con los mismos actores que decía combatir. Sin ganar ni una elección ni un solo voto popular, esas estructuras obtienen legitimidad internacional gracias al aval de Washington.
Eso convierte a Trump no en adversario, sino en socio político de un sistema acusado durante años de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos. La tragedia venezolana no puede resolverse sustituyendo a una élite corrupta por una estructura de dependencia administrada desde el exterior.
Porque ningún pueblo se libera entregando su soberanía. Y ninguna nación se reconstruye convirtiéndose en colonia energética de una potencia extranjera.
Lo que hoy intentan vender como “beneficio para el pueblo” no es emancipación económica ni recuperación democrática. Es subordinación administrada. Y eso no convierte a Trump en un libertador. Lo convierte en cómplice de un nuevo esquema de dominación criminal.
