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Julio A. López.- Quiero comenzar aclarando que estas líneas representan únicamente una opinión muy personal. Las escribe un humilde exiliado, un venezolano convertido en “irregular universal”, como millones de mis compatriotas que sobreviven dispersos por el mundo, sin pasaporte vigente ni identidad funcional.
Ayer participé en un foro con economistas y profesores de las universidades más prestigiosas de Venezuela. En medio de la discusión lancé una pregunta sencilla, pero aparentemente explosiva: ¿Por qué no dolarizar oficialmente la economía venezolana?
Los distinguidos expertos hicieron enormes esfuerzos para explicarme los riesgos técnicos, monetarios y financieros de esa posibilidad. Tal vez mi excesiva ignorancia económica me impidió comprender plenamente esas explicaciones sofisticadas.
Pero existe un consenso abrumador entre millones de venezolanos de que necesitamos una moneda estable, salarios reales, capacidad de ahorro y el fin de la inflación criminal. Quizás el problema no sea el pueblo, sino una dirigencia incapaz de escuchar.
“Vox populi, vox Dei”: la voz del pueblo es la voz de Dios.
Porque mientras los expertos debaten teorías monetarias, el venezolano común ya dolarizó su mente, sus precios, sus ahorros e incluso sus sueños. La dolarización real ya ocurrió hace años en la calle; lo único que falta es que el poder deje de fingir que no se ha dado cuenta.
Analicé decenas de encuestas sobre la idea del llamado “Estado 51”. Algunas circulaban en redes sociales; otras las realizaron amigos entre sus propios contactos. Una de las más surrealistas la hizo mi compadre durante la reunión semanal del PSUV (partido oficialista), minutos después de que Delcy Rodríguez, desde La Haya, rechazara públicamente cualquier insinuación al respecto. Como era previsible, el rechazo fue total. Tal vez el lugar no era el más adecuado para preguntar o quizás la ingenuidad de mi compadre simplemente sobreestimó la honestidad política en tiempos de transición.
Obtuve exactamente la misma respuesta de dirigentes oficialistas, líderes opositores tradicionales, militares y de buena parte de la izquierda venezolana. Debo reconocer algo casi milagroso: después de años por fin todos parecen coincidir en algo.
Todos rechazan la idea.
El argumento principal es la pérdida de soberanía. La misma que prácticamente fue rematada, junto con el petróleo venezolano, al mejor postor y con un gran descuento.
La soberanía que hoy dicen defender salió del país en tanqueros fantasmas, acompañada de cargamentos de crudo negociados en la oscuridad, mientras el oro del Banco Central de Venezuela abandonaba el territorio nacional en vuelos clandestinos.
Sin embargo, el fenómeno más interesante surgió fuera de la burbuja política. Entre ciudadanos comunes, comerciantes y jóvenes, la reacción resultó radicalmente distinta. Allí apareció algo que aterra profundamente a la clase política venezolana: un sentimiento creciente de desapego hacia un sistema que durante años utilizó la palabra “soberanía” mientras destruía precisamente todo aquello que hacía posible la existencia real de una nación soberana.
Por eso, más que un debate sobre soberanía, lo que existe es una profunda contradicción entre el discurso político y la realidad que millones de venezolanos viven.
La tragedia venezolana llegó a un punto tan absurdo que ahora la clase política pretende explicarle al ciudadano por qué debe sentirse orgulloso de una soberanía que nunca se traduce en electricidad, seguridad, hospitales, agua ni estabilidad.
Todos los venezolanos queremos democracia. Hemos votado incontables veces. Hemos participado en elecciones, consultas, primarias, diálogos, negociaciones, observaciones internacionales y rituales electorales de todo tipo. Y, aun así, el ciudadano común siente que casi nunca decide realmente nada. Tal vez gracias a la tecnología de Smartmatic o a la forma en que el CNE (Consejo Nacional Electoral) contabiliza los votos.
Pero existe un detalle que la clase política parece olvidar constantemente: la Constitución de Venezuela establece claramente que la soberanía, o lo que queda de ella, reside intransferiblemente en el pueblo.
No en los partidos.
No en las cúpulas.
No en los militares.
No en los burócratas.
No en los eternos salvadores profesionales de la patria.
En el pueblo.
Eso significa que la legitimidad política no nace de acuerdos entre élites recicladas ni de reuniones diplomáticas. Nace de la voluntad popular. La tragedia no consiste únicamente en el colapso económico o institucional, sino en la gigantesca brecha que hoy existe entre el país real y la clase política que pretende representarlo.
Mientras el pueblo sobrevive entre apagones, inflación, migración y desesperanza, buena parte de la dirigencia continúa atrapada en discusiones ideológicas, egos personales y luchas de poder que dejaron de importarles a la mayoría de los venezolanos hace mucho tiempo
