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Julio A. López, editor jefe.— El mundo necesita con urgencia el petróleo venezolano. El mercado energético global reclama la estabilidad que aportaría un proveedor confiable como Venezuela. Y el propio presidente Donald Trump necesita un precio del crudo que mantenga la gasolina en niveles que no le pasen factura política en las elecciones legislativas de medio término. Sin embargo, en Caracas se han levantado trabas fiscales y burocráticas que, lejos de atraer capital, parecen diseñadas para espantarlo.
Una carga fiscal que asfixia la rentabilidad
El 7 de julio, el Gobierno venezolano publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.052 el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Decreto N.º 5.381), firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien lo calificó de un hito tras 83 años de vigencia del reglamento anterior, de 1943.
El nuevo esquema fiscal combina Regalía e Impuesto Integrado de Hidrocarburos en una alícuota que va de 20% para campos sin desarrollar hasta 35% para campos ya desarrollados y en producción, con rebajas de hasta cinco puntos para proyectos costa afuera o que incluyan refinación. Otras fuentes oficiales hablan de una regalía fija de 30% del volumen de producción para empresas privadas. En cualquier caso, sumada a los costos de producción, diluyentes y logística, la carga termina por diluir la rentabilidad que cualquier inversionista necesita para arriesgar capital.
Mientras tanto, vecinos como Guyana y Surinam ofrecen condiciones fiscales mucho más competitivas para atraer las mismas inversiones que Venezuela, con reservas mayores, deja escapar.
Burocracia que ahuyenta más que impuestos
Más allá de las regalías, el reglamento exige a las empresas operadoras entregar estudios, cálculos y proyecciones económicas con un año de anticipación y actualizaciones cada 90 días: rutas marítimas, puertos de recepción de crudo, costos y precios proyectados, información que cualquier operador petrolero sabe que cambia de un día para otro.
Las grandes transnacionales, con departamentos enteros dedicados a compliance, pueden absorber esa carga administrativa. No así las empresas medianas y pequeñas, que terminan invirtiendo más en cumplir exigencias burocráticas que en producir petróleo. Y es precisamente esa capa de empresas medianas la que resulta clave: la rehabilitación de pozos maduros y proyectos de menor escala no interesan a las grandes petroleras, pero, sumados, pueden significar un salto inmediato en el volumen total producido por el país.
Un marco que se abre, pero no despega
El propio Reglamento reconoce, entre sus objetivos declarados, diversificar el tipo de empresas operadoras —estatales, mixtas y privadas—, introducir seguridad jurídica, transparencia contractual y mecanismos de resolución de controversias. Analistas del sector señalan que se trata de un “punto de partida, no una garantía automática de recuperación”: la confianza inversora se construye con aplicación coherente y estabilidad, no solo con la letra de la norma.
Por ahora, ese potencial choca con una ecuación económica que no cierra. Si las petroleras no logran vislumbrar utilidades razonables, simplemente no entrarán a un mercado que regula en exceso su participación y, al mismo tiempo, le impone una carga fiscal que elimina el margen de rentabilidad desde el primer barril.
La oportunidad que se escapa
Las reservas probadas de Venezuela figuran entre las mayores del planeta. Pero sin condiciones económicas competitivas y una burocracia menos asfixiante, ese potencial seguirá siendo, sobre todo, teórico. El capital petrolero, como el dólar, no tiene ideología: va donde el negocio garantiza un beneficio mínimo. Mientras Caracas no ajuste esa ecuación, el petróleo que el mundo necesita seguirá esperando bajo tierra.
