The Daily Journal. — Un grupo de familiares de presos políticos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos solicitó al Estado venezolano permitir una evaluación técnica, independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieron resultar afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, al advertir que las condiciones de los establecimientos penitenciarios podrían representar un riesgo para la vida de los detenidos.
La petición forma parte de un comunicado conjunto suscrito por más de una decena de organizaciones, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón, WOLA, Amnistía Internacional y Cepaz.
Las organizaciones también pidieron al Gobierno autorizar el ingreso de mecanismos internacionales independientes para verificar tanto el estado de las instalaciones como las condiciones de reclusión y de salud de las personas privadas de libertad por motivos políticos.
«Permitir una evaluación técnica, independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos», señala el comunicado.
Asimismo, solicitaron que el Estado permita el acceso inmediato del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, con el propósito de inspeccionar los centros de detención.
«Autorizar el ingreso inmediato de mecanismos internacionales independientes de protección de derechos humanos y de asistencia humanitaria (…) para verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos», agregaron.
Alertan sobre riesgos estructurales
En el documento, las organizaciones sostienen que los recientes sismos agravaron una situación preexistente de vulnerabilidad en los centros de reclusión y aseguran que existen denuncias sobre infraestructura comprometida, ausencia de protocolos de emergencia y restricciones al acceso de familiares y abogados.
Según el comunicado, entre los establecimientos que concentran mayores preocupaciones figuran El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare, el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), La Crisálida y diversos calabozos policiales.
En el caso de El Rodeo I, las organizaciones afirman que persisten riesgos derivados de posibles daños estructurales ocasionados por los terremotos.
«Los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos tras los recientes eventos sísmicos, ante la ausencia de evaluaciones técnicas independientes», indicaron.
También señalaron que en el centro de reclusión Guaicaipuro las condiciones continúan siendo incompatibles con estándares internacionales y denunciaron problemas relacionados con la alimentación y la falta de información pública sobre la situación de los internos.
«La libertad también salva vidas»
Las organizaciones sostuvieron que la emergencia humanitaria provocada por los terremotos no puede dejar en un segundo plano la situación de los presos políticos, al recordar que las personas privadas de libertad dependen exclusivamente del Estado para garantizar su integridad física.
«La libertad deja de ser únicamente una reivindicación jurídica para convertirse también en una medida urgente de protección humanitaria y de gestión del riesgo», afirmaron.
En ese contexto, reiteraron su exigencia de que el Estado otorgue la libertad plena e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, al considerar que se trata de una medida necesaria para proteger su vida mientras persistan las condiciones de riesgo en los centros de detención.
El comunicado concluye señalando que «la protección de la vida no admite excepciones» y sostiene que la verificación independiente de las cárceles constituye una medida urgente para prevenir posibles daños a la población privada de libertad tras la emergencia sísmica.
