Wilmer Rosas
Los cálculos especializados estiman que el doblete sísmico del 24 de junio de 2026 en Venezuela generó más de un millón de toneladas de escombros y residuos. Todo un desafío —y, a la vez, una oportunidad— para que el Estado demuestre capacidad de gestión y eficiencia.
Existen innumerables protocolos, experiencias internacionales y políticas públicas para la gestión de residuos y escombros derivados de este tipo de catástrofes. Podría decirse que existen 99 posibilidades de hacerlo bien y solo una de hacerlo mal. El país está, nuevamente, a prueba.
Los debates afloran; expertos e informes salen del anonimato, los gremios se pronuncian y la realidad exige una gigantesca y necesaria sinergia entre todos los actores llamados a contribuir en este momento.
El arquitecto Richard Casanova, directivo nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) y presidente de la Fundación Construyen País, comenta que «existe plena conciencia de la necesidad de una participación conjunta de los sectores profesionales, técnicos, académicos y políticos para coadyuvar a la resolución de la inmensa problemática que enfrentamos».
Para Casanova, «la reconstrucción de las zonas afectadas, principalmente La Guaira, demanda un ejercicio inédito y decidido de articulación de esfuerzos».
El arquitecto enfatiza que el Estado no estaba preparado para responder de manera inmediata, aunque advierte que «estamos conscientes de que este tema no debe politizarse».
Por su parte, Enzo Betancourt, presidente del CIV, anunció que la próxima semana ofrecerá una rueda de prensa «para fijar posición sobre diversos aspectos relacionados con el terremoto», mientras coordina con el Ejecutivo nacional la participación del gremio en las labores propias de su misión institucional.
Referencias internacionales: un quinquenio devastador
En los últimos cinco años, la naturaleza ha demostrado nuevamente su carácter indómito.
El 6 de febrero de 2023, un doble terremoto de magnitudes 7,8 y 7,5 sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, dejando más de 50.000 fallecidos y una destrucción masiva de edificaciones.
El 1 de enero de 2024, la península de Noto, en Japón, fue impactada por un sismo de magnitud 7,5 que provocó tsunamis y severos daños estructurales.
El 3 de abril de ese mismo año, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Hualien, Taiwán, convirtiéndose en el más fuerte registrado en la isla en los últimos 25 años.
A estos eventos se suman los terremotos ocurridos en el mar de Japón, la región de Ulleung y otras zonas del Pacífico, así como la intensa actividad sísmica registrada en Filipinas, donde destacó el sismo de magnitud 7,8 del 8 de junio de 2026.
Un análisis transversal de estos eventos permite identificar algunos elementos comunes. La incorporación de alta tecnología y el cumplimiento de estrictos códigos de construcción mitigaron significativamente los daños en países como Japón y Taiwán. En contraste, la autoconstrucción, la desregulación urbanística y el deterioro de la infraestructura en zonas densamente pobladas —como ocurrió en Turquía, Haití y Venezuela— incrementaron considerablemente los niveles de destrucción.
Cuando se producen terremotos de magnitud superior a 7,0, las fallas transformantes superficiales aumentan el potencial destructivo de las ondas sísmicas, especialmente en suelos blandos como los de Caracas y en zonas costeras con alta vulnerabilidad geomorfológica, como La Guaira. Si la magnitud alcanza 7,5 o 7,8, la devastación resulta prácticamente inevitable en cualquier lugar del planeta.
Hablan los expertos
Richard Casanova destaca las experiencias de Israel y Japón en el reciclaje de residuos de construcción y demolición, las cuales, afirma, «sin duda tendrán que ser consultadas para implementar respuestas y soluciones eficaces».
«El desafío está aquí y ahora, y tenemos que hacerlo bien», agrega.
En Turquía, el terremoto de 2023 generó alrededor de 210 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición, un volumen sin precedentes que obligó a establecer centros de acopio temporal, planes de clasificación y programas de reciclaje.
En Japón, tras el terremoto de 2024, se priorizó la segregación estricta de materiales y el procesamiento mecánico in situ, mediante plantas móviles de trituración que permitieron despejar rápidamente las principales vías de comunicación. Además, se impulsaron tecnologías de economía circular para transformar los escombros de hormigón en nuevos elementos estructurales.
En una entrevista concedida a The Daily Journal, Abner Mendoza, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Cemento, denunció la presunta comercialización de materiales de construcción de baja calidad para diversas obras en el país. Se trata de una denuncia que deberá investigarse exhaustivamente, especialmente por las implicaciones que podría tener en los procesos de reutilización y reciclaje de los residuos generados en Caracas y el litoral central.
Según Casanova, alrededor del 30 % de los metales, aceros de refuerzo y agregados pétreos pueden reutilizarse directamente. El concreto, explica, deberá triturarse para producir material de relleno y bases viales destinadas a la reconstrucción.
La experiencia internacional demuestra que la gestión posterior a un terremoto exige un estricto control técnico de los sitios de disposición de residuos, catastros precisos de las edificaciones colapsadas o afectadas y la recuperación segura de materiales reutilizables, especialmente los componentes metálicos.
Tanto en los países analizados como en Venezuela será indispensable fortalecer los sistemas de alerta temprana y garantizar el cumplimiento riguroso de los códigos de construcción.
Porque, al final, antes, durante y después de cualquier desastre, de lo que se trata es de proteger la vida humana y reconstruir sin generar nuevos pasivos ambientales. Vivir el carpe diem, sí, pero sin improvisaciones ni retrasos.
