The Daily Journal .- La Corte Penal Internacional (CPI) lamentó la decisión del Gobierno venezolano de retirarse como Estado parte del organismo. El tribunal recordó que la renuncia no surte efecto inmediato. El país continuará bajo la jurisdicción del tribunal durante un año. Además, mantendrá sus obligaciones de cooperación con los procedimientos e investigaciones en curso.
Plazos legales y vigencia de las investigaciones
A través de un comunicado emitido en La Haya, la CPI indicó que aún no recibe la notificación formal ante la Oficina de Tratados de Naciones Unidas. A pesar de esto, el organismo enfatizó que abandonar un tratado es un derecho soberano de cada Estado.
Sin embargo, el tribunal citó el artículo 127 del Estatuto de Roma. Este apartado establece que la salida formal se concreta un año después de depositar la notificación ante la ONU. Durante ese periodo, las investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país mantendrán su curso legal.
Los argumentos del Ejecutivo nacional
La postura de la CPI responde al anuncio realizado por el Gobierno venezolano. Por instrucciones de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo notificó al secretario general de la ONU, António Guterres, su renuncia «firme e irrevocable» al tratado.
Las autoridades venezolanas alegaron un presunto sesgo dentro del organismo. A su juicio, la entidad concentra sus acciones de forma desproporcionada en naciones de Latinoamérica y África.
Antecedentes del caso venezolano
La investigación sobre Venezuela comenzó en 2018. En 2023, la Corte rechazó los recursos del Ejecutivo nacional para frenar el proceso y autorizó a la Fiscalía a continuar con las pesquisas.
El diciembre pasado, la Fiscalía de la CPI cerró su oficina técnica en Caracas por falta de progresos en materia de complementariedad. Pese a ese cierre, el equipo de investigadores mantuvo sus labores desde la sede central en La Haya.
Por otra parte, el anuncio coincide con las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. El funcionario estadounidense promovió una campaña diplomática contra la CPI al cuestionar la competencia del tribunal sobre asuntos de soberanía nacional.
Con Información de EFE.
