Casas hechas con zinc y piso de tierra, niños que residen en hogares con etiqueta roja y zonas afectadas por los sismos son algunas de las realidades que palparon los inspectores voluntarios coordinados por Sergio Silva, profesor de la escuela de ingeniería civil de la Universidad Central de Venezuela, durante la jornada de atención realizada del 24 al 26 de julio
Vanessa Davies
La casa de Hortensia era precaria antes de los terremotos de San Juan, pero los sismos la golpearon de tal manera, que su fragilidad se incrementó. Ella y su esposo, José Benítez, viven en una zona rural de Carayaca en la que siembran aguacate y producen caraotas. Aunque Benítez le dijo a Gustavo Córdova, bombero de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que sabía que su vivienda de bahareque sería catalogada en riesgo mayor, la realidad es que el diagnóstico de Córdova lo alarmó. El bombero, acostumbrado a apagar incendios, acompañó las lágrimas de Hortensia mientras pegaba la etiqueta roja en la puerta de metal.
Esta familia refleja lo que encontraron mayoritariamente los inspectores voluntarios que, bajo la coordinación de Sergio Silva, profesor de la escuela de ingeniería civil de la UCV, se diseminaron por tres zonas de Carayaca del 24 al 26 de julio. El trabajo se hizo con el apoyo del Rectorado ucevista y la hospitalidad de la profesora Tibisay Serrada, que albergó a los equipos en su posada conocida como La Aldea.
Verdes por la ingeniería, rojas por lo social
Son 21 especialistas en revisión de estructuras y cuatro trabajadores sociales los que abordaron 217 viviendas -de tres comunas- en tres días. La mayoría de los hogares, 42 %, quedaron con etiqueta verde de los ingenieros, aunque Nayrubi Ramírez, profesora de la escuela de trabajo social de la UCV, seguramente les colocaría la etiqueta roja por las carencias de sus habitantes. Los inspectores consideraron que 32 %, según el sistema de semáforo, son tarjeta amarilla (riesgo estructural moderado) y 26 % son calcomanía roja. Para la ingeniería, esto “significa que necesitan ayuda. Ayuda del Estado”, apuntó Silva.
Pero las viviendas levantadas con láminas de zinc y sobre piso de tierra que no se movieron el 24 de junio revelan una vulnerabilidad que necesita atención. «Hallamos hacinamiento familiar previo al terremoto y, también, posterremoto, porque debido a la emergencia muchas personas de Catia La Mar y Caraballeda se han trasladado hasta lugares de esta parroquia” para refugiarse en casa de un familiar, detalló Ramírez.
“Alguien debe dignificarlos”
Los martillos y piquetas de los inspectores se activaron en los hogares que los dirigentes comunitarios priorizaron por la afectación que sufrieron. Las lideresas de los consejos comunales y las comunas acompañaron los recorridos, montaña arriba y montaña abajo, para llevar a las familias la tranquilidad que los sismos les quitaron. “Mi hija entró en crisis con los terremotos”, contó Marbeli Briceño, residente del sector El Cohete, en la vía Carayaca-Tarma. Crisis que no ha pasado, porque con cualquier movimiento la familia vuelve a correr.
El inspector Pedro Durán, luego de revisar la casa de Rosaura Alemán con el apoyo de los estudiantes Miguel Figueroa y Jesús Silva, le habló con franqueza: “Como no hay daños por los sismos será etiqueta verde, pero alguien debe dignificarlos”. A lo que ella respondió: “No quisiera irme de aquí”. La humildad de su hogar, lejos de abatirla, se convierte en motivo de lucha.
