Héctor Sánchez, Sociólogo.- Se anuncian nuevos diálogos en Venezuela. Los mismos de siempre -aquellos que no solo han fallado una y otra vez al intentar “salvar al país”, sino que en cada intento lo han hundido más- se sentaran supuestamente ahora a hablar de la «tragedia que dejo el terremoto», la «democracia» y las «garantías y los derechos políticos», es decir «reconciliación» y «recuperación» con los principales responsables del descalabro y de la mano de los gringos como sus jefes.
Este encuentro ocurre en medio de una implosión del modelo petrolero rentista, un diagnóstico que sigue vigente y que revela cómo cien años de estadocentrismo y reparto de renta han conformado una cultura política donde la acción ciudadana se limita a organizarse para pedirle al Estado, acentuando una modalidad colonial de inserción en el mundo.
¿Qué puede salir mal? Los actores actúan como si el pasado no existiera, pero este persiste y duele. Antes de que el país llegara a la postración actual -marcada por terremotos, hiperinflación, salarios de miseria y pérdida de soberanía-, hubo una institución que, desde la oposición, contribuyó decisivamente a abrir la puerta al desastre: la Asamblea Nacional electa en 2015.
Si bien el ejecutivo, por omisión o comisión, ostenta la principal responsabilidad y la «medalla de oro» en esta hecatombe, el parlamento que gozó de una mayoría arrolladora de más de dos tercios jugó un papel que debe contarse sin edulcorantes.
La elección de 2015 fue un hito político y una lección estremecedora para la arrogancia del partido en el poder. Con una mayoría calificada, la oposición tuvo en sus manos la posibilidad de legislar y construir una salida institucional a una crisis que ya se agravaba; sin embargo, en lugar de una estrategia clara, presenciamos una lucha de poderes estéril. A esto se sumó un choque frontal con otros poderes públicos y una carrera sin medida de prácticas corruptas y de pillaje contra la nación que no condujo a nada positivo para el país.
El parlamento legisló para sí mismo y no para la nación, enfrascándose en querellas judiciales y declaraciones grandilocuentes que, sumadas a los robos al patrimonio público, solo desgastaron su imagen y fortalecieron la narrativa gubernamental.
Mientras el país se hundía, los diputados se dedicaron a disputar la «propiedad de la verdad y de los recursos nacionales» sin construir poder real desde la calle ni organizar al pueblo. Este fracaso se vincula con una contradicción estructural: se entendió la organización de base no como un proceso de autogestión autónoma, sino como un instrumento dirigido desde arriba. Al interpretarse el cambio social meramente como estatismo, se consolidó una cultura burocrática y podrida que le restó capacidad de respuesta a la sociedad en sus momentos más críticos.
El punto más bajo de este ciclo fue la implementación de una presidencia encargada en 2019. La estrategia consistía en generar una presión externa e interna tan intensa que forzara el colapso del mando ejecutivo; pero el mando no colapsó, y el costo fue enorme para el país y sus ciudadanos.
La oposición agotó sus recursos en una aventura que dividió sus filas y desmovilizó a millones de ciudadanos cansados de promesas incumplidas y del evidente robo perpetrado por dichos actores en contra de la nación.
Este fracaso facilitó el camino hacia una reelección gubernamental en el 2018 que, en un contexto de unidad, pudo haber sido distinta. Al llamar a la abstención en procesos previos, el liderazgo parlamentario convirtió lo que debía ser una herramienta de presión en una coartada para la pasividad, permitiendo que el ejecutivo se sintiera más fuerte, impune y dueño de la situación, para seguir construyendo a su manera el desastre que erigió hasta el día de hoy.
A este escenario se sumó un incremento de la militarización en la gestión pública, situando a mandos castrenses en lugares críticos de la economía, lo que ha dificultado la transparencia y el control social civil sobre lo público.
Ahora se anuncia un nuevo diálogo con exactamente los mismos actores que causaron el desastre y algunas nuevas figuras que tristemente hoy se prestan para la comparsa y el desfile siniestro. Es un proceso que no parece ser entre venezolanos, sino entre un ejecutivo que obedece a intereses foráneos y una oposición que compite por demostrar quién se alinearía mejor con los mandatos externos. El juego del calamar de los gringos con sus socios tropicales.
Es un diálogo de títeres, donde los hilos se mueven desde centros de poder extranjero, mientras el pueblo sigue esperando salarios dignos, seguridad social y soberanía real.
La profundidad de esta crisis está desintegrando el tejido de la sociedad; hoy como nación, se está en una situación de vulnerabilidad alimentaria y de salud peor que en décadas anteriores. Ante la desarticulación social, la respuesta ha sido a menudo competitiva e individualista, aunque siempre persiste una reserva ética del pueblo y una autonomía que puede aflorar.
Los venezolanos debemos recordar que el futuro no se decide en mesas donde esta dupla política pitiyanqui de gobierno y oposición se reparten el botín, sino en la calle y en la conciencia de un pueblo que se niega a ser rebaño.
La verdadera transformación debe ser multidimensional, incorporando perspectivas críticas sobre la relación con la naturaleza, la democracia profunda y los derechos de todos los sectores, sin subordinarlos a visiones monolíticas de poder. La solución no está en los que siempre han estado y han fallado; la solución reside en la unidad nacional, la organización autónoma y la dignidad de quienes sabemos que el país no saldrá adelante con los mismos que lo hundieron
