El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una nueva orden ejecutiva con la que intenta restringir la ciudadanía por nacimiento, reavivando un pulso legal que ya perdió en junio pasado ante el Tribunal Supremo.
El mandatario republicano justificó la medida como un golpe a lo que llama «turismo de maternidad», una práctica en la que mujeres embarazadas viajan al país para que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y obtengan así la nacionalidad, un derecho que está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
A pesar de que el alto tribunal ya invalidó en junio una orden ejecutiva similar que buscaba negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados, la Casa Blanca sostiene que aquel fallo no cierra completamente la puerta a nuevas restricciones.
La administración argumenta ahora que la sentencia del Supremo permite excluir a los recién nacidos en ciertos supuestos específicos, como aquellos cuyas madres hayan ingresado al país exclusivamente con fines de turismo de maternidad, hijos de personal diplomático, descendientes de personas catalogadas como terroristas extranjeros o nacimientos en territorios no incorporados, como Puerto Rico.
Trump ya había hecho de esta promesa un pilar de su campaña electoral y la materializó el mismo día de su investidura para el segundo mandato, el 20 de enero de 2025, dando inicio a una oleada de políticas migratorias notablemente más duras.
Sin embargo, su primer intento, que se calcula habría afectado a unos 255.000 niños al año, fue anulado por el Supremo el pasado 29 de junio. En esa ocasión, el tribunal estableció que los nacidos en EE.UU. de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal sí están «sujetos a la jurisdicción» estadounidense y, por tanto, son ciudadanos por derecho propio.
Frente a esta interpretación judicial, Trump insiste en que la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 tras la guerra civil, ha sido malinterpretada durante décadas. Según su lectura, el objetivo original de la enmienda era exclusivamente otorgar la ciudadanía a los hijos de los esclavos liberados, no extenderla a todos los nacidos en el país sin importar el estatus migratorio de los padres.
Con esta nueva orden, la administración busca forzar un nuevo escenario legal que permita al Ejecutivo avanzar en su agenda migratoria, aunque todo apunta a que el texto volverá a terminar en los tribunales en los próximos días.
Con información de EFE.
