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Román Reyes Vásquez.- La conversación anunciada entre Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, y Jorge Rodríguez, representante del bloque oficialista, puede ser el comienzo de algo importante: no la legitimación automática de las autoridades actuales, sino el inicio de una ruta para recuperar la legitimidad institucional de Venezuela.
Ese matiz es decisivo.
Venezuela no puede construir un futuro político, económico ni internacional sobre instituciones cuya autonomía y origen democrático han sido cuestionados durante años. Las elecciones sin garantías suficientes, la ausencia de contrapesos reales y la subordinación de los poderes públicos al proyecto político gobernante destruyeron la confianza nacional e internacional. Un diálogo no borra esa historia. Pero puede abrir la puerta para corregirla.
Por eso, la prioridad no debe ser repartir cuotas de poder ni otorgar reconocimientos prematuros. Debe reconstruir las reglas. Venezuela necesita un nuevo poder electoral, un CNE verdaderamente independiente; un poder judicial con jueces imparciales; y un poder moral creíble, integrado por el Fiscal General, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, sin obediencia partidista. Sin árbitros confiables, toda elección seguirá siendo objeto de debate antes de comenzar.
La secuencia importa. Primero deben restablecerse las garantías políticas: libertad para los presos políticos, regreso seguro de los exiliados, igualdad de acceso a los medios, respeto a los partidos políticos y protección para los testigos electorales. Luego, las autoridades de transición deben acordar un padrón verificable, una auditoría pública y reglas claras para la transmisión y la publicación de los resultados. Un sistema de votación manual, auditable y acompañado de observación nacional e internacional podría ayudar a restablecer una confianza que ningún anuncio oficial puede imponer.
Después debe venir lo esencial: elecciones competitivas, verificables y con participación plena. Solo entonces podrán renovarse legítimamente el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esos dos poderes, elegidos directamente por los venezolanos, deben ser el fundamento de una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía.
En mi libro Venezuela: Estado 51. Crónica de una Patria Rota plantea una discusión de largo plazo: la posibilidad de una relación política especial entre Venezuela y Estados Unidos como respuesta a una crisis que ya no es solo venezolana. Energía, seguridad hemisférica, migración, narcotráfico, inversión e influencia geopolítica convierten la estabilidad de Venezuela en un asunto estratégico para Washington y para toda la región.
Una Venezuela estable, democrática y conectada al hemisferio occidental puede convertirse en socio en la reconstrucción, la seguridad energética y la cooperación regional. Para Estados Unidos, esto significaría una frontera estratégica más segura, menor presión migratoria irregular, más oportunidades de inversión y una respuesta más firme a las redes criminales que se aprovechan de Estados debilitados. Para los venezolanos, cualquier nueva alianza solo tendría sentido si protegiera derechos, creara oportunidades y devolviera la soberanía real al voto ciudadano.
Pero esa conversación no puede comenzar por el final.
Hablar de un eventual Estado asociado —una fórmula que tendría que ser discutida, definida y aprobada democráticamente por ambas naciones— exige, primero, un interlocutor venezolano legítimo. Ningún acuerdo trascendental puede nacer de autoridades que carezcan de un mandato democrático verificable. Para que una Asamblea Nacional pueda sentarse a dialogar con los poderes públicos estadounidenses, debe representar de verdad la voluntad popular. Lo mismo debe exigirse a quien ocupe la Presidencia de la República.
La supervisión y el acompañamiento de Estados Unidos, bajo el liderazgo del secretario de Estado Marco Rubio, pueden ser útiles si su objetivo es facilitar una transición con instituciones sólidas, derechos políticos y elecciones auténticas, y no sustituir la voluntad soberana de los venezolanos. El apoyo internacional debe acompañar el proceso, exigir transparencia y ayudar a impedir que las viejas prácticas se disfracen de cambio.
El diálogo entre Figuera y Rodríguez debe evaluarse por sus resultados: la liberación de las condiciones democráticas, la independencia institucional, las garantías políticas y un calendario electoral verificable. Si ese proceso otorga legitimidad, Venezuela podrá debatir sin miedo su relación futura con Estados Unidos.
La legitimidad no se decreta desde una mesa ni se obtiene por presión externa. Se construye con instituciones sometidas a la ley, resultados comprobables y ciudadanos capaces de votar sin miedo.
La vía hacia Venezuela, Estado 51, si alguna vez llega a ser una opción nacional, no comienza con una declaración. Comienza con una república legítima.
