Óscar Reyes Matute.- Cuando Pedro Sánchez calificó lo sucedido en Ceuta como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España», parecía anticipar una respuesta firme ante la gravedad de los hechos: decenas de miles de personas abalanzándose sobre una frontera europea en cuestión de horas, desbordando por completo las capacidades de contención del Estado.
Pero la reacción real de Madrid no fue el incómodo silencio de quien se sabe acorralado.
En casi todos los indicadores de poder duro y blando —PIB, capacidad militar, peso institucional en la Unión Europea y alianzas geopolíticas—, España aventaja con claridad a su vecino del sur. La economía marroquí depende en gran medida del comercio español y de la logística transfronteriza hacia el continente europeo. Madrid dispone de palancas de presión más que suficientes para fijar límites infranqueables a Rabat. Pero en la práctica diplomática y estratégica, es siempre el Ejecutivo español el que agacha la cabeza.
La sombra de Pegasus: ¿Geopolítica o chantaje?
En mayo de 2022, se conoció un hecho sin precedentes en la historia reciente del Estado español: el teléfono celular del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como los de sus ministros de Defensa e Interior, habían sido infectados por el software espía israelí Pegasus. Del dispositivo del jefe del Ejecutivo se extrajeron más de 2,6 gigabytes de información confidencial.
Las investigaciones judiciales quedaron estancadas por la falta de cooperación internacional, pero los informes han señalado reiteradamente hacia una misma dirección: los servicios de inteligencia del reino alauita.
La coincidencia temporal entre la extracción masiva de datos del teléfono presidencial y el giro histórico e intempestivo de España sobre el Sahara Occidental —abandonando casi medio siglo de neutralidad para respaldar las tesis de Rabat— levanta sospechas inevitables.
España renuncia a sus posiciones históricas a cambio de nada, y ante un ensayo de invasión o guerra híbrida el Gobierno ni siquiera convoca al embajador marroquí para pedir explicaciones: ¿Está la política exterior de España condicionada por el material sustraído del teléfono de su presidente? La sola posibilidad de que la seguridad nacional esté supeditada a un chantaje personal convierte la política de apaciguamiento en un peligroso síntoma de vulnerabilidad estatal.
Pedro Sánchez encabeza un Gobierno en minoría que depende de una heterogénea y frágil coalición de socios parlamentarios. Para sectores de su propia alianza, como Sumar, la cuestión migratoria y el control de las fronteras constituyen dogmas identitarios infranqueables.
Tratar la crisis de Ceuta con la firmeza militar y policial que exigiría la defensa de una frontera de la OTAN no solo reabriría fracturas dentro del propio Consejo de Ministros, sino que obligaría a la Moncloa a adoptar un lenguaje y una postura alineados con la oposición. Atrapado entre el temor a una crisis parlamentaria y el rechazo a validar el discurso de sus rivales políticos, el Ejecutivo opta por la parálisis. Se prefiere maquillar una agresión territorial bajo el ambiguo paraguas de la «crisis humanitaria» antes que asumir el costo político de defender la frontera.
El ‘Gran Marruecos’ y la doctrina del apaciguamiento
Rabat ejecuta una estrategia fría, metódica y de largo aliento. Enfrentado a severas tensiones socioeconómicas internas —con un desempleo juvenil que roza el 50% y una protesta social creciente—, el régimen marroquí utiliza el nacionalismo exterior como válvula de escape.
Tras haber logrado el reconocimiento internacional de sus tesis sobre el Sahara por parte de grandes potencias, la vista de la diplomacia alauita se fija inexorablemente en Ceuta, Melilla y las aguas de Canarias, reviviendo la vieja doctrina irredentista del «Gran Marruecos»
El uso de miles de personas como herramienta de presión geopolítica es un ejercicio clásico de guerra híbrida. Ante esto, la respuesta de España ha sido financiar generosamente a Marruecos con fondos europeos para la contención fronteriza, un servicio por el que se paga pero sobre el que no se ejerce control alguno, permitiendo a Rabat abrir y cerrar el grifo migratorio a conveniencia política.
Europa y España han caído en la trampa de la doctrina del apaciguamiento: la falsa creencia de que ceder ante las presiones de un actor autoritario garantiza la paz futura. La historia demuestra que el apaciguamiento solo alimenta la voracidad del agresor. Si la respuesta ante la violación de la soberanía en Ceuta sigue siendo el silencio, la excusa y la sumisión diplomática, España no solo estará entregando el control de sus fronteras, sino comprometiendo de manera irreversible la dignidad de sus instituciones y la propia integridad del Estado.
