Por Alejandra Rondón
The Daily Journal
EL JUNQUITO, KM 24 — En medio de la neblina y las bajas temperaturas de los altos de El Junquito, 21 familias se encuentran en un limbo que combina más de una década de promesas habitacionales incumplidas, un litigio de tierras y la precariedad de vivir a la intemperie en carpas de socorro tras recientes eventos sísmicos.
Los afectados hacían vida desde hace más de 15 años en las instalaciones del antiguo Gran Hotel, ubicado en la carretera principal (kilómetro 24, Calle Miranda). Tras el reciente «doble terremoto», los daños estructurales y el temor a un colapso obligaron a la comunidad a evacuar el inmueble y trasladarse al terreno anexo, donde permanecen durmiendo sobre colchones sostenidos por paletas de madera dentro de carpas plásticas donadas con el apoyo de la concejala María de los Ángeles.
Más de 15 años de espera y promesas inconclusas.
La historia de esta comunidad se remonta al año 2012. En aquel momento, bajo la promesa de desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), se promovió la expropiación del terreno para levantar un complejo habitacional denominado Gran Cacique Terepaima, proyectado para 120 apartamentos.
Según relata Mauri Cruz, vocera y habitante del lugar, para ese entonces contaron con el acompañamiento de autoridades regionales, entre ellas el entonces coronel García Carneiro, quienes asumieron el compromiso formal con las familias sin techo.
«Se cumplieron todos los pasos: se realizaron los estudios de suelo, vinieron los topógrafos y se hicieron las promesas. Sin embargo, el Estado nunca canceló dicha expropiación y el proyecto jamás se construyó. Todo quedó en palabras», denunció Cruz frente al portón perimetral que aún exhibe los logotipos desgastados de los entes gubernamentales.
La polémica etiqueta verde de «Habitable».
El deterioro del antiguo hotel se agravó tras los últimos movimientos telúricos, evidenciando muros colapsados, techos cedidos y filtraciones profundas. Por motivos de seguridad, las familias optaron por pernoctar a la intemperie desde el segundo día del evento sísmico.
A pesar de que el inmueble acumula varias inspecciones por parte de organismos de socorro, causó profunda indignación en la comunidad un informe fechado el 28 de julio de 2026 emitido por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras (Planilla N° 261455, a cargo del Ing. Civil Carlos Graterol).
En dicho peritaje se fijó una calcomanía que califica el recinto como «HABITABLE / ACCESO PERMITIDO», reseñando únicamente «problemas de filtración».
La comunidad rechaza enérgicamente este dictamen técnico: «La edificación no está apta para ser habitada; la humedad es severa y la estructura está comprometida. Tenemos niños y personas con discapacidad que correrían grave peligro si volvemos a entrar. Pedimos que no ignoren el riesgo real que corremos», enfatizó la vocera.
Presencia inmobiliaria y riesgo de inseguridad
A la incertidumbre estructural se suma la disputa por la propiedad. Tras los sismos, representantes de una empresa inmobiliaria identificada como Luvatov se presentaron en el lugar con documentación que los acredita como propietarios del terreno (no así de las bienhechurías).
Aunque la empresa ha mantenido una postura de diálogo —afirmando que no realizarán desalojos forzosos y ofreciendo una ayuda/crédito estimado en 3.500 dólares por grupo familiar—, los vecinos señalan que este monto resulta insuficiente para solventar de forma definitiva su derecho a una vivienda digna.
Mientras esperan una respuesta formal de los organismos competentes, las 21 familias afrontan las inclemencias del clima y la vulnerabilidad ante la delincuencia: «Nuestros niños están a la intemperie, pasando frío y expuestos a la lluvia. Además, personas ajenas a la comunidad han comenzado a merodear el terreno durante la noche. Rogamos a las autoridades que nos tomen la palabra, realicen un censo transparente y nos den una solución habitacional real antes de que ocurra una tragedia.»
Ante esta situación, los habitantes del antiguo Gran Hotel elevan tres exigencias concretas e impostergables: la realización de un censo formal y transparente con atención directa de las autoridades competentes —sin intermediarios—, una revisión exhaustiva del estatus legal del terreno para despejar la ambigüedad jurídica que los mantiene en vilo, y la adjudicación definitiva de viviendas dignas que reemplacen las carpas de auxilio.
«Rogamos a las autoridades que nos tomen la palabra, realicen un censo transparente y nos den una solución habitacional real antes de que ocurra una tragedia», sentenció Cruz.
