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Julio A. López, editor jefe. – La disputa por el control de Petrodelta, la empresa mixta que opera seis campos petroleros en el oriente de Venezuela, escaló esta semana. DP Delta Finance B.V., el socio privado al que el Ministerio de Petróleo le revocó en mayo su participación del 40%, elevó públicamente su reclamo y denunció haber sido despojada de sus activos y derechos mediante un procedimiento sancionatorio que califica de arbitrario, con daños que estima en más de US$2.000 millones.
Un socio con historia de sobresaltos
Petrodelta arrastra desde su origen un largo historial de intentos fallidos. La empresa nació como sociedad entre la estatal Corporación Venezolana del Petróleo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y un socio privado minoritario, y opera los campos El Salto, Temblador, Uracoa, Isleño y Bombal, en el estado Monagas, además de Tucupita, en el estado Delta Amacuro.
En 2016, el magnate venezolano Oswaldo Cisneros adquirió, a través de la firma barbadense CT Energy Holding, la participación minoritaria que hasta entonces tenían la estadounidense Harvest Natural Resources y la argentina Pluspetrol, comprometiéndose a triplicar la producción hasta 115.000 barriles diarios mediante un préstamo de US$1.130 millones a Pdvsa. Cisneros murió en Miami en noviembre de 2020, dejando esa participación como parte de una disputada herencia que su viuda, Mireya Blavia-Cisneros, y sus hijos administran actualmente a través de DP Delta Finance.
Pese a aquellas promesas, la producción de Petrodelta nunca despegó: según datos de Pdvsa citados por Bloomberg, la empresa mixta producía cerca de 9.000 barriles diarios en julio, muy lejos de los 110.000 barriles que se había fijado como meta a cinco años en un acuerdo de 2016, y muy por debajo del objetivo original de Cisneros.
Según un comunicado de DP Delta recogido por medios de comunicación, entre 2022 y 2026 el proyecto produjo unos 12 millones de barriles que generaron US$700 millones para la República, mientras que su filial de servicios, Delta Servicios, dejó de percibir pagos por US$100 millones entre enero de 2021 y marzo de 2026 debido a incumplimientos reiterados de Pdvsa.
La revocación y la respuesta de DP Delta
El Ministerio de Petróleo revocó en mayo la participación minoritaria de DP Delta Finance en Petrodelta, alegando que la empresa había incumplido sus compromisos de inversión y producción, según documentos revisados por Bloomberg.
DP Delta rechazó la decisión, la calificó de ilegal y sostiene que nunca fue debidamente notificada de la investigación administrativa que derivó en la terminación de su contrato. La compañía reclama ahora una indemnización de unos US$2.000 millones por lo que considera una confiscación de sus activos y de sus derechos de explotación.
A esa cifra se suma una deuda separada: según fuentes citadas por Bloomberg, Pdvsa arrastra obligaciones con DP Delta Finance por más de US$1.000 millones adicionales, entre financiamiento, bonos estructurados y dividendos pendientes, de los cuales unos US$770 millones corresponden a ventas de crudo no liquidadas hasta junio de 2026.
La puerta abierta a un nuevo socio estadounidense
La salida de DP Delta coincide con que Venezuela negocia la incorporación de nuevos inversionistas privados a Petrodelta. La petrolera californiana Pacific Coast Energy Company (PCEC) está cerca de cerrar un acuerdo con Pdvsa para hacerse con una participación mayoritaria en dos bloques que forman parte de la empresa mixta, según fuentes citadas por Bloomberg.
«Nuestro objetivo es proteger los puestos de trabajo existentes en Venezuela y crear otros nuevos, generar empleo altamente calificado en Estados Unidos, con sede en Houston, y contribuir a la seguridad energética de EE. UU. y proporcionar ingresos por regalías muy necesarios al Estado venezolano», señaló la compañía en un comunicado.
Días antes, otra firma estadounidense, Lionheart Capital, había anunciado una carta de intención no vinculante para invertir US$400 millones en otro proyecto petrolero del país.
Una prueba para la seguridad jurídica de la apertura
El caso se observa de cerca como un termómetro de la seguridad jurídica que Venezuela puede ofrecer a los nuevos inversionistas extranjeros que llegan atraídos por la reforma petrolera y el levantamiento parcial de las sanciones.
Hasta el momento, no existe una decisión judicial ni arbitral que determine la responsabilidad de Pdvsa o del Estado venezolano por el monto reclamado: se trata, por ahora, de una disputa unilateral planteada por DP Delta Finance, que continúa activa —según registros oficiales estadounidenses— con representación en Washington durante 2026.
