Audio: https://clyp.it/4drfsora
Julio A. López, editor jefe.– En Caracas acaba de producirse uno de esos encuentros que desafían cualquier definición convencional de diálogo político: una reunión extraña y fuera de lo común, tan extraña que parece irreal; incluso cuesta creer que haya ocurrido. La denominaron “Diálogo” y en ella participaron personas que decían representar al pueblo, cuando todos sabemos que no representan a nadie.
A una misma mesa se sentaron dirigentes que aseguran representar al soberano, aunque unos ejercen una representación cuyo mandato expiró hace años y, al otro lado de la mesa, se sentaron otros que provienen de procesos cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada.
Todos sabemos que, en las circunstancias actuales, las decisiones fundamentales sobre la transición venezolana se toman en Washington, y que ahora todos ven este proceso con recelo después de casi tres décadas en las que se consiguió más imparcialidad y justicia en un bar o en un prostíbulo que en un tribunal en Venezuela.
Entre los asuntos discutidos aparece uno que debería preocuparnos mucho más que la fotografía de quienes ocuparon las sillas: la futura conformación del Tribunal Supremo de Justicia.
Aquí comienza el verdadero problema.
La Constitución establece que los magistrados del TSJ son elegidos por la Asamblea Nacional y fija los requisitos para ocupar dichos cargos. También contempla mecanismos de participación ciudadana en el proceso de postulaciones. El espíritu de esas disposiciones resulta evidente: quienes lleguen a la cúspide del Poder Judicial deben reunir capacidad profesional, honorabilidad y autonomía.
Pero una buena norma vale poco cuando quienes deben aplicarla carecen de legitimidad o convierten la selección de jueces en un reparto de cuotas políticas.
Venezuela no puede sustituir magistrados cuestionados por simples eunucos políticos: figuras aparentemente independientes, pero escogidas precisamente por su docilidad, ausencia de criterio propio o disposición a obedecer al nuevo poder. Cambiar de amo no implica recuperar la independencia judicial.
El país necesita magistrados probos.
Necesitamos juristas cuya trayectoria pueda examinarse públicamente; personas con reconocida competencia profesional, patrimonio verificable, conducta intachable y absoluta independencia frente al Gobierno, los partidos políticos, los grupos económicos y cualquier potencia extranjera.
La selección de los nuevos magistrados debería, por ello, convertirse en uno de los procesos públicos más transparentes de la transición. Venezuela debería conocer los nombres de los candidatos antes de su designación, revisar sus credenciales, escuchar públicamente sus posiciones, examinar posibles conflictos de interés y permitir que universidades, colegios de abogados, organizaciones civiles y ciudadanos formulen observaciones.
No necesitamos saber a quién conoce un aspirante. Necesitamos saber qué sabe, qué ha hecho y a quién ha servido.
Después de casi tres décadas de deterioro institucional, recuperar la justicia exigirá mucho más que cambiar los nombres escritos en las puertas de los tribunales. Habrá que reconstruir la confianza en los jueces, los fiscales y las demás instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Incluso deberíamos abrir un debate nacional sobre el sistema mediante el cual Venezuela seleccionará en el futuro a quienes administrarán justicia. ¿Debe continuar concentrándose semejante poder en los partidos representados en la Asamblea Nacional? ¿Deberíamos incorporar mecanismos de participación ciudadana mucho más amplios? ¿Conviene discutir, mediante las reformas constitucionales y legales correspondientes, la elección popular de jueces y fiscales?
Ningún modelo garantiza por sí solo buenos jueces. Una elección popular también puede politizar la justicia, convertir las campañas judiciales en competencias financiadas por intereses particulares y premiar la popularidad en lugar del conocimiento jurídico. Pero precisamente por eso Venezuela debe discutirlo sin dogmas y diseñar contrapesos efectivos.
Lo que no podemos hacer es repetir el pasado.
La sociedad civil, las universidades, las academias, los colegios de abogados y los juristas venezolanos, dentro y fuera del país, tienen una responsabilidad histórica: comenzar desde ahora a identificar y proponer hombres y mujeres probos, capaces de reconstruir el Poder Judicial.
No esperemos que los políticos nos entreguen espontáneamente una justicia independiente. Exijámosla.
Porque Venezuela no necesita magistrados del Gobierno, de la oposición ni de Washington. Necesita magistrados de la ley.
