Ecopetrol declara la guerra al robo de crudo en Colombia

Energía y Petróleo

Audio: https://clyp.it/3yp5mcep

Julio A. López, editor jefe. – El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el 23 de agosto una operación a Ecopetrol coordinada con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía General y otras autoridades competentes para enfrentar el hurto de petróleo crudo y combustibles en el país, después de calificar como «absolutamente alarmante» la información que ha recibido sobre el fenómeno y exigir una respuesta «inmediata y contundente» del Estado.

El mandatario dirigió un mensaje público a través de su cuenta de X al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, al comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Alejandro Barrera.

Según las cifras que citó el propio presidente, cada mes se estarían robando cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta—, ya fueran importados o producidos por Ecopetrol. Esa cantidad correspondería solo a lo sustraído de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, y las principales pérdidas estarían concentradas en los departamentos de Cesar y Magdalena.

De mantenerse ese ritmo, advirtió el mandatario, el país registraría el hurto de más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas superiores a 500.000 millones de pesos para Ecopetrol y, en consecuencia, para las finanzas de la Nación.

Una amenaza que va más allá del robo patrimonial

De La Espriella planteó además una dimensión adicional del problema: sospecha que buena parte del combustible hurtado termina siendo utilizado como insumo en el procesamiento ilícito de cocaína. Por esa razón, pidió a las autoridades que establezcan qué proporción del producto robado llega a las redes del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición, transporte y distribución. 

El mandatario señaló que los delincuentes estarían usando las llamadas «caravanas de la muerte» para cargar, transportar y escoltar el combustible hurtado, con capacidad para movilizar hasta 600 vehículos, muchos de ellos con destino a la convulsa región del Catatumbo.

El presidente fue enfático en que la respuesta de las autoridades no puede limitarse a perseguir a quienes perforan los tubos, sino que debe apuntar a desmantelar toda la cadena criminal que sustenta el negocio ilegal. También alertó sobre la crítica situación del apoderamiento ilegal de crudo en distintas regiones del país, citando antecedentes graves como el Oleoducto Transandino y la zona del Catatumbo, en el corredor Caño Limón-Coveñas, donde la acción criminal ha afectado severamente la operación.

Un problema con historial y consecuencias medibles

El robo de hidrocarburos ya tiene efectos operativos cuantificables para Ecopetrol. La compañía había reportado a las autoridades que el poliducto Pozos Colorados-Galán se convirtió en uno de los principales focos del problema: durante 2025 registró pérdidas de productos refinados que llevaron el hurto nacional de combustibles de 179 barriles diarios en 2024 a 2.197 barriles diarios en 2025, un salto de más de 12 veces. Además, al inicio de 2026, las conexiones ilícitas provocaron que unos 10.200 barriles diarios dejaran de transportarse a través de ese sistema.

El problema también había golpeado antes al oleoducto Caño Limón-Coveñas, donde Ecopetrol desvió parte del transporte hacia el Oleoducto Bicentenario, lo que redujo el robo en ese corredor de 1.483 barriles diarios en 2024 a solo 79 en 2025, aunque desplazó parte de la actividad criminal hacia otros ductos.

El caso se suma a un frente político que ya venía tomando fuerza: el Senado había aprobado días antes un debate de control político, impulsado por el senador Óscar Villamizar, para que el Gobierno explique ante el Congreso las acciones que adelanta contra el robo de hidrocarburos y para proteger la infraestructura energética del país. Hasta el momento no se han publicado el plan operativo detallado, las zonas prioritarias de intervención, el presupuesto ni la duración de la nueva ofensiva, cuya instrucción presidencial acaba de emitirse.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *