Luis Contreras.- Venezuela asiste hoy a una de las contradicciones más aberrantes de su historia republicana. Mientras la tribuna pública se inunda de consignas encendidas sobre la soberanía, la independencia y la defensa de la Patria, las venas de nuestro territorio son abiertas en silencio para alimentar una maquila extractivista que desangra el patrimonio de las futuras generaciones. La mayor tragedia de este momento político no radica en la polarización que fractura a la sociedad, sino en el consenso oculto y vergonzoso de las élites: la entrega fáctica de las riquezas del subsuelo al tutelaje extranjero como única balsa de supervivencia.
El nacionalismo no es una consigna de micrófono ni un color partidista; la soberanía se defiende en la integridad del territorio y en la dignidad de sus ciudadanos. Es inaceptable que, bajo la excusa de la emergencia económica y el asedio internacional, el suelo patrio se haya fragmentado en enclaves de saqueo colonial operando en dos frentes devastadores:
• El desmantelamiento petrolero: La histórica industria de los hidrocarburos, que una vez fue el pilar del desarrollo nacional, ha sido reducida a una factoría de enclave. Bajo un régimen humillante de licencias extranjeras y contratos opacos, se permite a corporaciones externas succionar el crudo barato para cobrar deudas previas o abastecer mercados internacionales, dejando al país sin soberanía energética, con refinerías colapsadas y costas contaminadas por derrames sin remediar.
• El ecocidio minero: Al sur del Orinoco, la entrega del territorio ha adquirido tintes criminales. El avance de la minería transnacional e informal destruye selvas milenarias, pulveriza montañas y envenena las cuencas de agua dulce con toneladas de mercurio. Esta fiebre del oro no genera escuelas ni hospitales; es una extracción violenta en bruto que alimenta la fuga de capitales hacia los centros de poder global.
Ambos polos de la dirigencia política local se han convertido en meros administradores de este desmantelamiento petrolero y minero, subordinando el interés nacional a los dictámenes de sus respectivos tutores globales.
La herida más profunda de esta claudicación se inflige directamente sobre el lomo de la clase trabajadora venezolana. El trabajo en los pozos y los yacimientos, que históricamente fue el motor de movilidad social y el orgullo del esfuerzo nacional, ha sido reducido a su mínima expresión económica. La destrucción del salario real y su sustitución por un esquema de bonificaciones sin incidencia social no es solo un fracaso macroeconómico, es un atentado contra la dignidad humana. Se ha precarizado la mano de obra local para ofrecerla como un insumo barato y desechable al capital transnacional.
En medio de este reparto de cuotas a puerta cerrada, el pueblo venezolano padece el suplicio del «perro en platabanda»: confinado a la intemperie del cemento abrasador de la crisis, aislado por completo de las grandes decisiones económicas, y obligado a ladrar con desesperación desde el techo mientras contempla, impotente, cómo el petróleo y el oro de su propia tierra desfilan hacia el extranjero en barcos y aviones, dejándole a cambio solo pasivos ambientales, ríos contaminados y la miseria de la supervivencia diaria.
Es hora de exigir una rectificación histórica. Venezuela no puede seguir siendo una factoría extractiva de enclave ni una colonia económica disfrazada de República independiente. El verdadero espíritu nacionalista exige romper de inmediato con el cortoplacismo rentista, recuperar el control soberano sobre nuestros recursos bajo criterios de estricta transparencia y, por encima de todo, devolverle al trabajador el valor sagrado de su salario y sus derechos. La reconstrucción del país no vendrá de los despachos extranjeros, sino del rescate institucional de nuestra soberanía y de la dignidad de un pueblo que se niega a ver su futuro rematado en las profundidades del subsuelo.
